Entre esos servidores públicos figuran “integrantes de agencias norteamericanas acusados de perpetrar abusos y violaciones graves a los derechos humanos en contra de ciudadanos mexicanos, incluso en nuestro propio en territorio nacional”, indicó en un comunicado de prensa.
La Cámara de Diputados recibió, el pasado 14 de abril, la minuta del Senado que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El líder parlamentario expuso la posición de los legisladores perredistas en torno esa reforma.
La reforma propone que se puedan emitir permisos para servidores públicos extranjeros y residentes permanentes. En el caso de los residentes permanentes con los mismos requisitos que para los ciudadanos mexicanos, únicamente adicionando la acreditación de la residencia.
El coordinador resaltó que si ya en el caso de los requisitos establecidos para la emisión de una licencia de portación de armas para los ciudadanos y funcionarios públicos mexicanos son laxos, “con la autorización en los mismos términos para los residentes extranjeros permanentes se incurre en un exceso”.
Se plantea además otorgar a los agentes de migración y aduanas un permiso temporal con una duración de seis meses con la posibilidad de renovarlo.
Para el PRD esto es grave, “particularmente en el caso de miembros de las agencias de Estados Unidos que se han caracterizado por su poco respeto a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza, incluso letal”, subrayó.
Alonso Raya se preguntó “cuáles serán los mecanismos de control de estos funcionarios y cuáles las restricciones que se les impondrán, dado que estas condiciones no se establecen en la minuta enviada por el Senado de la República”.
Se dejan abiertas para ser estipuladas en los Acuerdos Interinstitucionales respectivos, como en el caso del Operativo Rápido y Furioso, que fue concertado en un acuerdo de este tipo”, añadió.
“Debemos señalar que existen diversos acuerdos interinstitucionales que han permitido la operación de agencias de seguridad norteamericanas, como el ICE, la ATF y la propia CIA en territorio mexicano, no solamente en las fronteras, sino en todo el territorio nacional”, denunció.
Adicionalmente se propone autorizar permiso de portación de armas a los agentes de seguridad de jefes de Estado, ministros o equivalentes, mismos que tendrían una duración exclusiva durante el tiempo que dure la comisión.
“En este punto, debemos recordar que, principalmente en el caso del gobierno norteamericano, la mayor parte de los servicios de seguridad se encuentran subrogados a empresas militares privadas, lo que la ONU ha clasificado como mercenarios”, informó.
“Es pertinente señalar que la Ley de Seguridad Nacional ya contempla la obligación del Estado de garantizar la seguridad de éstos y otros funcionarios extranjeros en suelo mexicano”, precisó Alonso Raya.
El coordinador perredista recordó que en años pasados se ha dado cuenta de varios casos en que agentes extranjeros de diversas agencias de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos, bajo un trato diferenciado, han sido identificados con el uso de algún tipo de armamento en territorio nacional.
“En los hechos, situaciones como las previamente señaladas hacen difícil circunscribir que la portación se limite a este tipo de servidores públicos extranjeros y que podría servir para operaciones encubiertas, sin el pleno conocimiento de las autoridades mexicanas, transgrediendo con ello nuestra soberanía y seguridad nacional”, añadió.
“Creemos que más que facilitar y agilizar el tránsito de mercancías y eficientar los flujos migratorios, claramente se busca legitimar la actuación de agentes extranjeros en nuestro territorio, en el contexto de su participación más activa en las tareas de seguridad en ambos lados de la frontera con Estados Unidos”, concluyó.
