Ciudad de México, México.– La Comisión de Justicia analiza iniciativa que reforma los artículos 2 y 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el 390 del Código Penal Federal, con el propósito de imponer una pena inconmutable de cinco a ocho años de prisión, así como de 300 a 500 días de multa a quienes cometan el delito de extorsión.
La modificación normativa establece que comete este abuso el que, mediante amenazas de causar un daño físico, usando armas o instrumentos peligrosos o equipos de comunicación móvil, o cualquier otra forma de extorsión, obligue a otro a dar alguna cantidad de dinero para evitar un perjuicio, con que se coacciona un provecho indebido para sí o para otra persona.
El diputado Ricardo Taja Ramírez (PRI) sostuvo que este delito ocupa el segundo lugar entre los primeros 10 con mayor incidencia, pues tan sólo en el 2016 se cometieron 31.1 millones de estas acciones, que generaron una pérdida económica estimada en mil 104 millones de pesos.
Indicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), que anualmente realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el ilícito tiene una ocurrencia de 8 mil 945 casos por cada 100 mil habitantes.
La ENVIPE también refiere que el 95.6 por ciento de las extorsiones se realizó por vía telefónica, lo que vincula a la delincuencia organizada en muchos de los casos a los centros penitenciarios.
Los datos consignados por el propio Inegi señalan que el 4.4 por ciento de estas extorsiones fueron pagadas; por ello, apuntó el legislador, no deja de ser una forma bastante redituable de obtener recursos económicos de manera ilegal para quien se encuentra privado de su libertad.
Ante el incremento en dicha conducta delictiva, Taja Ramírez, consideró necesario reformar los ordenamientos que se encargan de tipificar el ilícito, adecuándolo a las actuales circunstancias.
Expuso que, de ser aprobada su propuesta, se logrará inhibir la extorsión en cualquiera de sus modalidades, pues se impulsa que la autoridad judicial cuente con mayores elementos de juicio al momento de establecer la sanción.
