“Es un punto de acuerdo muy importante, relativo al desastre ocurrido en una plataforma de Pemex, que contiene tres resolutivos fundamentales”, explicó en rueda de prensa al concluir una reunión de la Jucopo.
Aseguró que “se exige a las autoridades competentes una investigación a fondo, para que la opinión pública pueda conocer las causas de este desastre que ha costado vidas humanas y que está costando millones de pesos todos los días”.
La semana pasada, se incendió y estalló la plataforma marítima Abkatun, con un saldo de cuatro muertos y 16 heridos. La Procuraduría General de la República (PGR) informó el viernes pasado que inició una averiguación previa por los delitos de daños en propiedad ajena, homicidio, lesiones y lo que resulte.
Anaya Cortés detalló que en el punto de acuerdo aprobado por la Jucopo también se exigirá a las autoridades competentes que se deslinden las responsabilidades y se apliquen las sanciones, inclusive de carácter penal.
Además, se “expresan nuestras más sentidas condolencias y solidaridad con los familiares de quienes perdieron la vida en esta plataforma de Pemex”, subrayó.
El legislador panista comentó que la Jucopo también aprobó presentar un exhorto a 17 congresos locales para que avalen la reforma constitucional que turnó el Congreso de la Unión en materia de deuda de estados y municipios, ya que hasta ahora sólo lo han hecho 17 legislaturas y se requiere de la mitad más una, del total.
“Dos cifras que nos parecen verdaderamente preocupantes: primero, en los últimos cinco años la deuda de los estados y municipios en nuestro país ha crecido más de 150 por ciento, de continuar con este ritmo vamos a meter al país en un verdadero problema estructural”, precisó.
Además expresó su preocupación por que “el 70 por ciento de ese dinero lo están utilizando los gobernadores y los presidentes municipales para gasto corriente, lo cual nos parece absolutamente inaceptable y por eso estamos promoviendo esta reforma constitucional”.
“Hay cuatro estados en el país: Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León, que deben más del 200 por ciento del equivalente a sus participaciones federales anuales”, destacó.