En un informe divulgado por la CNDH, que analizó durante los meses de febrero y marzo de 2014 las condiciones de 77 de las 102 prisiones del país que albergaban en ese momento a 11 mil 107 internas.
La Comisión urge a corregir los problemas que conllevan una discriminación de la mujer que se agrava en las cárceles y denuncia que parte de estas violaciones e irregularidades ya fueron denunciadas en un documento de 2013 pero no se solucionaron. En este sentido plantea 22 propuestas en las que pide tomar las medidas pertinentes y realizar acciones efectivas para garantizar el respeto a los derechos humanos de estas personas.
El informe -dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los gobernados, jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Comisionado Nacional de Seguridad- subraya deficiencias en la alimentación y la higiene, en el acceso al servicio médico o la atención a los niños, pero también problemas de malos tratos, abusos sexuales y cobros por seguridad por parte de “gobiernos paralelos” que en ocasiones son dirigidos por hombres presos en la parte masculina del reclusorio y vinculados con el crimen organizado.
Así, mientras unas mujeres viven hacinadas, duermen en el suelo entre cucarachas, chinches y ratas, y son obligadas a prostituirse, otras tienen celdas privadas con televisiones de plasma, microondas y refrigeradores y teléfonos celulares.
Tales irregularidades, refiere el documento, contravienen normas nacionales e internacionales y violan los derechos humanos relacionados con el trato digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud, la integridad personal y la reinserción social de las internas.
El promedio de irregularidades presentadas por centro fue de 14; el mayor número de ellas se encontraron en los Centros Regionales de Reinserción de Chilpancigo y Acapulco, Guerrero, con 21.
La CNDH advierte que el sistema penitenciario de nuestro país no atiende en la gran mayoría de casos, de manera adecuada, a los requerimientos específicos por razón de género señalados en la norma vigente, lo que trae como resultado que las graves carencias en materia de recursos humanos y materiales se acentúen en los centros de reclusión que alojan mujeres.
Sostiene así, que el Estado mexicano, al no dar atención adecuada a esa población penitenciaria, incumple con su obligación de adoptar medidas para asegurar que las mujeres bajo su custodia gocen de todos los derechos que les corresponden en su calidad de internas.
