Ciudad de México, México.– Luego de los sismos de septiembre pasado, los diputados tienen la oportunidad de redefinir el gasto público y etiquetar recursos para apoyar en el proceso de reconstrucción de la infraestructura, señalaron especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.
Los recursos para esa tarea pueden provenir de los fondos de inversión o fideicomisos que secretarías de Estado y gobiernos han establecido para diferentes proyectos, dijeron.
Alicia Girón González, coordinadora de la revista Problemas del Desarrollo del IIEc, enfatizó que la población afectada no puede pagar por la reconstrucción de su patrimonio y para la esta labor el país no debe depender de los donativos o el endeudamiento.
“Debe quedar claro que un país no se construye con donaciones, sino con un plan de vivienda, y México no tiene uno, tanto para el área rural como urbana. Tuvimos un Infonavit que ayudó para la vivienda de los trabajadores, y éste es el momento de recuperarlo”, expuso en conferencia de medios.
Adolfo Sánchez Almanza añadió que las estimaciones oficiales para el proceso de reconstrucción indican la necesidad de obtener 48 mil millones de pesos –en cuanto a los costos inmediatos–, lo que representa el 0.2 del PIB, cifra menor a la que se requirió luego del sismo de 1985, pero sí implica el uso de recursos que no fueron contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se discute actualmente en la Cámara de Diputados, pues éste fue enviado al Congreso de la Unión antes de los siniestros.
“Es importante tomar en cuenta los programas federales, estatales y municipales, que ya se están aplicando… Es fundamental ir a estas localidades, reactivar la economía; la reconstrucción de la vivienda es muy importante, se estiman alrededor de 120 mil pesos por vivienda derruida, pero lo que quiere la gente es tener empleo”, remarcó el investigador del IIEc.
¿Dónde obtener los recursos necesarios para la reconstrucción? Violeta Rodríguez del Villar consideró que una parte puede provenir de los fondos de inversión o fideicomisos que a lo largo del tiempo las secretarías de Estado o los gobiernos han establecido para diferentes proyectos.
De estos fondos se podría disponer de hasta 50 mil millones de pesos que ya estaban etiquetados para la reconstrucción de vivienda. Ejemplificó que el Fideicomiso de Estabilización de Ingresos Presupuestarios tiene recursos por hasta 196.1 millones de pesos, y el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, por 42.7 millones, lo que implica recursos por 238.8 millones de pesos disponibles.
Pero para ejercerlos es necesario que las secretarías que los crearon cedan el ejercicio de esos recursos (que actualmente son manejados por bancos) para la reconstrucción de viviendas, principalmente para las regiones más pobres: Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos.
El problema es que la “solución” que actualmente se sigue implica el aumento de la deuda pública, que en caso de la Ciudad de México representa el pago de tasas más altas a las que usualmente cubre la federación.
“Esto puede llevar a que el gobierno cargue el costo a quienes fueron afectados, pues tienen menor capacidad de recuperar ingresos propios. No debe cargarse con deuda la recuperación”.
En cambio, “por incrementar el precio del petróleo a 48.5 dólares por barril, el Gobierno Federal tiene la posibilidad de obtener ingresos adicionales de hasta 56 mil millones de pesos, que serían suficientes para el costo estimado de la reconstrucción”, calculó la investigadora.
De estos recursos, 46.2 mil millones de pesos pueden provenir de ingresos petroleros y 6.4 mil millones de recaudación federal participable, o de participaciones en entidades federativas, pero estas previsiones pueden no cumplirse y en este caso el Gobierno Federal puede acceder a los Fondos de Estabilización.
“No existe entonces una causa por la cual el gobierno no pueda financiar la reconstrucción. Tiene importantes disponibilidades y puede utilizarlas con lo que ha sido autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación, pero falta un paso, y es autorizarlo también en la Ley de Egresos de la Federación”, concluyó Rodríguez del Villar.
