Ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Contralor General recordó que el cumplimiento irrestricto a la legalidad es una premisa que ha encomendado el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Durante la comparecencia para presentar su informe anual de labores -correspondiente al periodo de abril de 2014 a marzo de 2015-, Rovelo Pico informó a los diputados sobre la culminación de la tercera auditoría denominada 20G, en el tema de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Explicó que dicha auditoría “tuvo como objeto verificar las especificaciones técnicas del sistema de vías, compatibilidad de ruda-riel y su mantenimiento, así como la mala ejecución de la obra en general”.
Detalló que el resultado arrojó “16 observaciones que, en su caso, deberán ser solventadas en 45 días hábiles. De no hacerlo, la Contraloría General emitirá los dictámenes técnicos correspondientes que sustenten el inicio de procedimientos administrativos disciplinarios en contra de los servidores públicos por los actos u omisiones que hubieran realizado”.
Enfatizó que “a efecto de que el Gobierno de la Ciudad de México tenga una efectiva reparación de los daños por conducto de los servidores públicos sancionados y de las empresas particulares involucradas, se presentarán las solicitudes de procedimiento resarcitorio por los daños y perjuicios que pudieran acreditarse a la Hacienda Pública de la CDMX”.
En el Informe, destacó que la Contraloría General logró recuperar 123 millones 400 mil pesos, derivado de las penas convencionales que se impuso a contratistas que incumplieron en la ejecución de obras públicas, en delegaciones y órganos desconcentrados.
Asimismo, dio cuenta que de abril 2014 a marzo 2015 fueron sancionados 2 mil 148 funcionarios. Además se aplicaron 2 mil 216 sanciones, 133 apercibimientos, 930 suspensiones, 342 inhabilitaciones, 684 amonestaciones, 73 destituciones -54 de ellas incluyeron inhabilitación- y 212 sanciones económicas.
Explicó que una de las principales líneas estratégicas de la Contraloría es la prevención y para ello se expiden constancias de no inhabilitación y se integra el Registro de Servidores Públicos Sancionados, lo que permite llevar un control y vigilancia de funcionarios que han incurrido en responsabilidades administrativas.
“Se han recibido 31 mil 717 declaraciones patrimoniales y se expidieron más de 47 mil constancias de no inhabilitación”, contabilizó.
Rovelo Pico manifestó a los diputados de la ALDF que “la Contraloría General es pieza fundamental para la dignificación de las instituciones, lo que permitirá construir una cultura que fortalezca los cimientos de la Ciudad de México y que ayude a recuperar la confianza de sus habitantes”.
Es por ello que para mejorar las acciones de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia en los organismos e instituciones de la administración pública, la Contraloría General, con una visión a futuro, desarrollará sus funciones sustantivas con un enfoque preventivo, conciliador y de acompañamiento.
Finalmente, refrendó que trabajará “con perseverancia, diligencia y honestidad, para dar certeza de que en la Contraloría General se salvaguarda el orden jurídico y la gobernabilidad, que son intereses de todos y cada uno de los ciudadanos”.
