Explicó que con esta nueva procuraduría se da cumplimiento al artículo sexto transitorio de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y estará integrada al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF); actuará a nivel nacional y dará acompañamiento a los menores de edad que hayan sufrido la vulneración de sus derechos.
Juárez Piña apuntó que “la Secretaría de Hacienda ya ha dado el visto bueno para que podamos tener este año la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; es un primer paso para sensibilizar y atender este tema”.
“Los recursos nunca son suficientes, apenas daremos el primer paso para constituir la procuraduría; contaremos con lo básico que podrá ejercerse este año”, indicó.
Precisó que la SHCP designó 40 millones a la nueva procuraduría federal y entre 6 y 9 millones de pesos para el Sistema de Información Integral. Comentó que habrá que visibilizar el tema en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2016, que incluya, por ejemplo, el Registro Nacional de Centros de Asistencia, para saber cuántos menores existen y dónde están.
Dijo que se tendrá que dotar a la procuraduría federal de todas las herramientas para que cumpla con su objetivo y salvaguarde los derechos de las niñas, niños y adolescentes; más allá de crearla, es fundamental garantizar que atenderá a este sector, conformado por alrededor de 41.5 millones de mexicanos, comentó.
Agregó que esa nueva institución “trabajará para observar y coadyuvar en restituir los derechos que se hayan violentado a los infantes”. Además, dará los lineamientos para supervisar los distintos albergues, hospicios y casas cunas, es decir, a las instituciones en las que se encuentren los menores que carezcan de una familia, subrayó.
Señaló que en principio tiene una gran responsabilidad, ya que también establecerá los lineamientos generales para las demás procuradurías estatales.
Atención médica inmediata para menores con cáncer
Por otra parte, los integrantes de la comisión avalaron tres puntos de acuerdo a favor de la protección de los derechos de la niñez mexicana, así como el quinto informe semestral de actividades.
Destaca la solicitud a los titulares de los sistemas de salud federal estatales para que diseñen esquemas de atención médica inmediata a menores que sean diagnosticados con algún tipo de cáncer, independientemente de que estén o no adscritos a algún sistema de salud público.
A nivel nacional, cada año se registran aproximadamente de cinco a seis mil nuevos casos de cáncer en menores de 18 años de edad, los cuales deben ser atendidos de inmediato a través de algún sistema de salud público o particular, para intentar restaurar la salud perdida o palear los dolores cuando ya no existe mayor solución.
Refiere que cada año, más de 250 mil niños en el mundo reciben este tipo de diagnóstico, estimándose en cerca de 90 mil las niñas y niños que mueren debido a esta enfermedad. “Estas cifras son alarmantes, sobre todo si se tiene en cuenta que el 70 por ciento de los casos tiene cura”.
Asimismo, los legisladores aprobaron un acuerdo para pedir a los titulares de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y de la Secretaría de Educación Pública promuevan, implementen y supervisen las medidas y políticas públicas que prevengan y erradiquen la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.
Avalaron otro acuerdo para que el titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) instruya y coordine la elaboración de “un estudio estadístico para determinar el índice de ejercicio efectivo de derechos de la infancia y la adolescencia contenidos en el Catálogo de Derechos que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Al respecto, Juárez Piña señaló que no se tienen datos precisos sobre el porcentaje de menores que ejercen sus 20 derechos básicos. Se estima, dijo, que de los 41.5 millones de menores en el país, sólo cerca del 16 por ciento goza sus derechos de manera plena, por lo que se requiere conocer esta estadística, a fin de diseñar políticas públicas que coadyuven a que se cumplan y protejan.
