Asimismo, a que rectifique, a través de la SHCP, de la Secretaría de Energía, y del titular de Pemex, la política de recorte de gasto presupuestario que se tiene previsto realizar en Pemex Refinación, ya que afectará las labores de terminación de las gasolinas y del diésel, y la estrategia de esta empresa productiva, con la que pretende desincentivar la ordeña de ductos.
El punto precisa que el precio actual de las gasolinas en Estados Unidos, y que se importan, es de 8 pesos en promedio por litro, mientras en México se vende en cerca de 14 pesos.
En nuestro país, agrega, a pesar de tener precios del petróleo más bajos, el combustible se ha incrementado debido a los llamados “gasolinazos”, lo cual tiene su razón en las políticas de impuestos que se aplican. Es decir, “actualmente el consumidor de gasolinas paga la carga tributaria, que en su caso corresponda, por la venta de gasolina y diésel, la cual incluye IEPS e IVA”.
Los legisladores afirmaron que bajar los precios de las gasolinas y el diésel en nuestro país “nos llevará automáticamente a una reactivación de la economía nacional, en particular por el efecto positivo que se da en industrias altamente sensibles a su precio, como son la alimentaria, química o la metalúrgica”.
También refirieron que en los últimos seis años, Pemex ha sufrido pérdidas de aproximadamente 46 mil millones de pesos debido al robo de gasolina a través de la ordeña de ductos. Esta cifra equivale a poco más del 2.98 por ciento de las ventas totales de esa empresa durante 2013, que sumaron un billón y medio pesos. Además, las mermas por tomas clandestinas en 2014 se ubicaron en 17 mil millones de pesos.
Plantean que dependencias informen sobre asignación de contratos a cambio de sobornos en Sonora
De mismo modo, se envió a la Comisión de Gobernación un punto de acuerdo de los diputados Carol Antonio Altamirano (PRD) y Lilia Aguilar Gil (PT), para exhortar a la Procuraduría General de la República, a la SHCP y al Servicio de Administración Tributaria, a informar a la opinión pública si se realiza alguna investigación en relación con la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en Sonora, en la que participarían el gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel.
El punto de acuerdo refiere que el pasado 5 de marzo, el diario norteamericano The Wall Street Journal publicó un artículo en el que se advierte la posibilidad de actos de corrupción en México, específicamente en Sonora, al destacar una investigación por sobornos donde se señala como probables actores al gobernador de la entidad y a su hermano.
Precisa que, según dicho diario, el gobierno federal abrió una investigación al respecto, encabezada por la SHCP, basada en las acusaciones de que los hermanos Padrés Elías recibieron pagos por la cantidad de 3.3 millones de dólares, por parte de firmas que ganaron contratos públicos con el gobierno sonorense, equivalentes a 20 millones de dólares.
Menciona que el gobernador Padrés ha negado categóricamente haber abierto cuentas bancarias en nombre de una compañía extranjera, y desconoció la investigación tratando de desacreditarla, achacándola a rivalidades políticas.
Sin embargo, añade, los señalamientos “son graves y deben ser aclarados, más aún cuando se ha puesto en entredicho a la investigación. Si el gobernador sonorense cuenta con dinero que no debería tener o cuyo origen sea inexplicable, la tarea de la SHCP es investigar y la de las instituciones, como esta soberanía, mantener ojos vigilantes en él”, puntualiza.
Proponen solicitar al Ejecutivo revisar política de precios de gasolinas en zonas fronterizas
También se remitió a la Comisión de Energía un punto de acuerdo de diputados del PRI y del PVEM, quienes plantean solicitar al Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se revise la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para las zonas fronterizas, a fin de incluir a los municipios de Ensenada, al Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California, así como a Othón P. Blanco en Quintana Roo, como beneficiarios de esta política.
El documento señala que existe un llamado de la ciudadanía de los municipios de esos estados porque las tarifas de las gasolinas Magna y Premium y del diésel no son consideradas como parte de la franja fronteriza y, por ello, no obtiene los mismos subsidios federales que operan en Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y parte de Mexicali, donde el costo del combustible es más bajo.
El punto destaca que los precios de los combustibles no sólo han menguado la vida económica de estas regiones, sino que también han trastocado la vida cotidiana de los bajacalifornianos y quintarroenses ahí asentados, pues el valor referido ha impactado negativamente el costo del transporte público y de la comercialización de los productos básicos de consumo.
El acuerdo fue suscrito por los diputados María Elia Cabañas Aparicio, Ricardo Medina Fierro, Benjamín Castillo Valdez, Mayra Karina Robles Aguirre, Adán David Ruiz Gutiérrez, Jaime Chris López Alvarado, Raymundo King de la Rosa, María Carmen López Segura y María Fernanda Schroeder Verdugo, del PRI, así como Ana Lilia Garza Cadena y David Pérez Tejada Padilla, del PVEM.
