Ciudad de México, México.– En audiencia pública, integrantes de la Comisión Especial Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), recibieron por parte del Jefe Delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado su defensa por escrito por el procedimiento de remoción que se lleva en su contra, así como las pruebas que el acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado recabó para su protección.
De igual manera, Salgado Vázquez ratificó a la Comisión Especial Jurisdiccional el nombre de su defensa, Gabriel Alejandro Regino García y entregó la dirección que se solicitó para notificarle de los siguientes pasos de su procedimiento.
El diputado José Manuel Delgadillo, secretario de la Comisión, informó que los documentos entregados por el actual jefe delegacional se anexarán al expediente R-01/2027 y se analizarán por los integrantes de la Comisión Especial Jurisdiccional.
Asimismo, citó al Jefe Delegacional de Tláhuac el próximo 25 de septiembre en las oficinas de la Comisión, en un horario de 9 a 15 horas, para presentarle el resultado del estudio de las pruebas e informarle cuales proceden y cuáles no.
Por su parte, Jesús Armando López Velarde Campa, presidente de la Comisión Especial Jurisdiccional, quien recordó que el procedimiento de remoción en contra de Salgado Vázquez se lleva a cabo conforme a derecho y como lo marca el artículo 42 del Estatuto de Gobierno, dio a conocer que la Comisión estableció como fechas de su calendario el 30 de octubre para aprobar el dictamen final y el 14 de noviembre para presentar ante el Pleno de la VII Legislatura dicho documento para ser votado y así decir si procede la remoción del funcionario.
“En los próximos días, la Comisión seguirá trabajando con las pruebas entregadas, a partir del 25 de septiembre, fecha en que se informé cuales documentos se desechan se seguirá el trabajo y en el transcurso de más de un mes se podrá presentar a comparecer diversas autoridades”, acotó.
Por último, López Velarde Campa aseguró que los tiempos establecidos en este caso y la fecha para presentar al Pleno el dictamen final son los que fija la Ley, 55 días hábiles después de notificar al acusado.
“Por ello, se concluirá el procedimiento en tiempo y forma”, concluyó.
Hay que recordar que para la decisión final del procedimiento tendrán que votar ante el Pleno dos terceras partes de los diputados que integran la VII Legislatura.
