“En síntesis –dijo- el dictamen impulsado por PAN y PRI prácticamente anula el derecho humano al agua, lo que significa que el Estado ya no garantizará, para empezar, las condiciones mínimas como lo es abastecerlo en forma suficiente, salubre y asequible, como lo establece la ley”.
Esto viola también la norma de la Organización Mundial de la Salud, la cual “considera un mínimo de entre 50 y 100 litros, a diferencia de los 50 litros a los que se comprometió el dictamen original de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos, al momento en que presentaron su fundamentación el pasado miércoles”, dijo Huerta Ladrón de Guevara, quien integra la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.
Añadió que “en forma subrepticia y mediante un addendum, se suprimieron muchos aspectos, entre ellos la citada garantía del mínimo de abastecimiento al agua de 50 litros, al grado de desaparecerla del dictamen, sustituyéndola con una expresión genérica de que la autoridad competente garantizará el derecho humano al agua con “la dotación del mínimo vital”.
Esto obliga a preguntarse, por ejemplo, ¿cuál es la medida de la dotación del mínimo vital? Esto, sin lugar a dudas, afectará severamente a toda la población y perjudicará aún más a las personas de escasos recursos, expresó el legislador de izquierda.
Y como ésta, hay otras medidas que afectan al sector del agua y su debida gestión gubernamental, entre ellas:
Anula el concepto de asequible, es decir, que en su costo se elimina la consideración de que éste sea acorde con la capacidad económica de los usuarios;
En la prestación del servicio público del agua potable y drenaje se preveía, en el dictamen original, una coordinación entre la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, por lo que ahora se sustituye con la creación de comisiones metropolitanas;
En el caso del organismo rector del agua, al cual se le elimina el deber que tenía de coordinarse con áreas científicas para el desarrollo tecnológico e innovación, para dejarlo como “fomentar”, lo que suprime de tajo la vinculación con el sector tan relevante como lo es la ciencia imprescindible por parte de la comunidad científica;
Eliminación del Consejo Consultivo del Agua en la difusión del conocimiento de la problemática del agua.
Supresión de la obligación del Estado para garantizar el derecho humano al agua con la aplicación de recursos e inversiones suficientes y oportunas, el cual ahora se sustituye con la voluntariosa expresión de “garantizar el derecho humano al agua”, sin obligación alguna para el Estado.
A todo lo anterior, se añade el tema de trasvases, concesiones y restricciones a un sector estrechamente vinculado con tema del agua, como lo es el de la comunidad científica para investigar, por citar otro caso, la calidad del agua, por ya no mencionar el desaseo con que se procesó la nueva legislación en materia de agua, la cual en modo alguno cumple con los extremos de garantizar, en la ley secundaria el derecho al agua como un Derecho Humano, como lo estableció la reforma constitucional en materia de agua.
Más lamentable, expresó Huerta Ladrón de Guevara, es que quienes tienen la responsabilidad de conducir los trabajos legislativos, “prácticamente nos conminen a impugnar jurídicamente la nueva ley, cuando tienen atribuciones para subsanar cualquier aspecto relacionado con el correcto procesamiento de las diferentes leyes que aprueban en la Cámara de Diputados, entre ellas la del agua, la cual puede constituirse en un tema de conflictividad social.
En ese sentido, concluyó, “no me queda claro por qué si ya tenían todo dispuesto para aprobarla el jueves pasado, repentinamente trasladaron su discusión hasta el martes”.
Quizá, consideró, porque valoraron que no tenían la mayoría suficiente, amén del irregular procesamiento de la nueva ley que abriría paso para una ulterior impugnación, o bien, “se encuentran negociando con el sector de diputados inconforme con los términos de la ley y del mismo addendum”. En cualquier caso, concluyó, “la discusión no se agotará en San Lázaro”.
