Este proyecto contiene las propuestas de grupos parlamentarios y de las organizaciones de la sociedad civil, señaló en un comunicado de prensa.
La corrupción es un problema que demanda una respuesta integral y requiere la creación de un sistema nacional en materia de combate a la corrupción, sustentado en la armonización y coordinación de cuatro órganos:
I.- Una Auditoría Superior de la Federación con autonomía e independencia, facultada para auditar el ejercicio en curso y los ejercicios fiscales anteriores.
2.- Un Tribunal de Justicia Administrativa Constitucional, imparcial y autónomo en sus resoluciones, que imponga de manera eficaz sanciones por faltas graves.
3.- Una Fiscalía Anticorrupción independiente y especializada en investigar, integrar y someter averiguaciones a consideración de jueces penales, en casos de corrupción.
4.- Una Secretaría de la Función Pública (SFP) reformada, con mayores facultades para prevenir y mantener la legalidad en el ejercicio del servicio público, y para evaluar el desempeño de políticas y programas al interior del gobierno federal.
El proyecto de dictamen también incluye la expedición de una Ley General para el Combate a la Corrupción, que garantice las bases de coordinación de los tres órdenes de gobierno del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.
Asimismo, la expedición de una Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Se contempla la eliminación del principio de secrecía para las investigaciones de las autoridades fiscalizadoras o sancionadoras del sistema.
Se incorpora la figura de extinción de dominio para los casos de enriquecimiento ilícito
Se establecen Órganos Internos de Control independientes de la autoridad que supervisan, nombrados por el titular de la SFP para dependencias federales y por 2/3 de la Cámara de Diputados para los Órganos Constitucionalmente Autónomos.
La creación de sistemas locales de combate a la corrupción y su coordinación con el sistema nacional, así como de un Comité de Participación Ciudadana, integrado al sistema nacional, que contribuya a la transparencia y rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
La Integración de un Subsistema de Fiscalización, que proveerá el diseño y promoción de políticas integrales en esta materia, para el Sistema Nacional en materia de Combate a la Corrupción.
Todos los servidores públicos estarán obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses.
El PRI señaló que entre las diferencias a la propuesta de la mesa de trabajo figura la disolución de personas morales por la comisión de faltas administrativas, por considerar que ya se establece en la legislación penal vigente y, por ende, este régimen será aplicable a los delitos de corrupción federales y locales.
