La legisladora expuso que la iniciativa pretende que se verifique la legalidad en la ejecución de la orden de aprehensión autorizada por el Juez de control y ejecutada por la policía ministerial.
Se plantea, agregó, ajustar los principios de menor lesividad, mínima intervención y dignidad humana, así como los protocolos vigentes para dicha ejecución.
La resolución que emita el juez sobre la legalidad en la ejecución de la orden de aprehensión no admitirá recurso alguno. La violación de esta disposición será notificada por el Juez de Control al órgano interno de control de la Fiscalía o Procuraduría correspondiente y será sancionado conforme a las disposiciones de la ley.
El proyecto de decreto que reforma los artículos 145 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se turnó a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado.
