“Morena sostiene que la aplicación de la UMA al ámbito de la seguridad y pensiones genera un ilegítimo perjuicio a los derechohabientes y afiliados que cuentan con prestaciones que, por su propia naturaleza, tengan la finalidad de satisfacer tanto funciones económicas como sociales de carácter salarial”, enfatizó.
Lo anterior fue en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, durante la discusión del dictamen que desechó un Punto de Acuerdo del Grupo Parlamentario de Morena, que exhortaba al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a continuar utilizando el salario mínimo como unidad de referencia en pensiones y otras prestaciones de seguridad social.
Ante el pleno legislativo, la Coordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados explicó que dicho Punto de Acuerdo lo presentó su compañera Araceli Damián González, quien también es Presidenta de la Comisión de Seguridad Social.
“La propuesta de Morena destaca que el sistema de pensiones en México, además de ser una política social de protección y seguridad para los adultos mayores, debe contar también con el carácter de estabilizador económico que garantice un poder adquisitivo de las pensiones como una responsabilidad”, puntualizó.
La legisladora federal por Veracruz aseveró que son evidentes los graves problemas y disfuncionalidades del sistema de pensiones en nuestro país, como consecuencia de la adopción del uso de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), que han mostrado su incapacidad de remunerar pensiones suficientes y dignas para la mayoría de los trabajadores.
Subrayó que el objetivo general de la reforma de desindexación del salario mínimo era recuperar el deterioro del poder adquisitivo, ya que la vinculación de la remuneración laboral operaba como unidad de referencia para el cálculo de multas, obligaciones, deudas y sanciones de diferente índole. Sin embargo, añadió, sólo sirvió como argumento para mantener este salario con incrementos mínimos, en detrimento de los trabajadores.
Nahle García precisó que el salario mínimo pasó a referenciarse con base en la UMA, que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para dichos fines, lo cual es una medida razonable en contra de la inflación, al permitir un crecimiento más acelerado del ingreso constitucional.
“Con esta reforma se espera que la recuperación de la capacidad de compra del salario mínimo debe desplegar efectos nítidos sobre las pensiones y otras prestaciones de carácter social. A la fecha existe una amplia variedad de disposiciones en materia de pensiones que dependen del salario mínimo como unidad de referencia”, recalcó.
Asimismo, resaltó que el dictamen emitido por la Tercera Comisión es contradictorio, confuso y equívoco, ya que en su argumentación éste coincide con los principales planteamientos formulados en el Punto de Acuerdo presentado por la bancada de Morena. Por ello, agregó, resulta inexplicable que haya sido puesto a votación en sentido negativo.
