Al encabezar la Jornada Internacional contra la Desaparición Forzada y el Genocidio, en San Lázaro, sostuvo que dichas tareas son urgentes para nuestro país y obligación particular de servidores públicos, además de que la problemática “no puede quedar solamente en pronunciamientos mediáticos”.
“No puede seguir habiendo familias enlutadas, cuyos seres queridos desaparecieron, como si no contaran como seres humanos, hombres y mujeres”, enfatizó, por lo que “debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar soluciones de fondo y a largo plazo”.
Aureoles Conejo consideró que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas debe ser uniforme, confiable y contar con las certificaciones correspondientes, en virtud de que difieren las cifras de víctimas que reportan tanto sus familiares como los organismos del Estado.
Por otra parte, se precisa de una ley para proteger los derechos de las víctimas de desaparición y desaparición forzada, ya que en estados de la República que padecen esta situación, sostuvo, persiste la idea de que no existen normas en la materia, ni autoridades responsables de velar por los derechos de las víctimas.
“A pesar de las difíciles circunstancias que atravesamos, el Estado mexicano y la sociedad debe refrendar su compromiso y responsabilidad de mantener espacios de convivencia y tolerancia que nos lleven al entendimiento, la reconciliación y la construcción de acuerdos para solucionar los problemas”, insistió el legislador.
La Jornada Internacional contra la Desaparición Forzada y el Genocidio, estuvo dedicada a analizar el caso de Chile, cuyos ciudadanos sufrieron innumerables calamidades durante la dictadura militar de la segunda mitad del siglo XX.
Al respecto, Aureoles Conejo consideró que se requiere un espacio particular para revisar el lamentable caso chileno que derivó del golpe militar contra Salvador Allende y que determinó el rumbo de esta nación sudamericana en lo social, cultural, político y económico.
“Debemos encontrar la dirección en común para impedir que estos hechos se repitan”, sostuvo, y reiteró que para la Cámara de Diputados estos temas tienen gran relevancia, ya que la desaparición forzada “sigue siendo un problema que lastima a nuestros pueblos”.
“Esta Jornada Internacional nos permitirá conocer la opinión de los expertos que ayuden a superar los retos y problemas en esta materia, tanto en el presente como en el futuro, para encontrar la paz, la justicia y el desarrollo y bienestar que tanto necesitamos”, concluyó.
La diputada Magdalena Núñez Monreal (PT), quien impulsó la realización de la jornada, señaló que a partir de reconocer los derechos humanos, los legisladores se han preocupado por construir un marco jurídico para su defensa.
En ese sentido, se pronunció a favor de regular y fortalecer los derechos de grupos sociales y particulares que se ven afectados por terceros, y representan un obstáculo para el pleno goce de sus libertades.
En su turno, el promotor de la paz y defensor de los derechos humanos, Alfredo Rojas Díaz Durán, expresó que el objetivo de la jornada es crear una conciencia social en contra de la desaparición forzada, la persecución y la violación de los derechos humanos.
Precisó, además, que la intención es construir y compartir propuestas concretas con los legisladores, y a través de eso, edificar una plataforma en defensa de los derechos y eliminar la desaparición forzada y genocidio.
Por su parte, el investigador Katu Arkonada, subrayó que América Latina vive momentos complejos de violencia, sumado a la crisis estructural acontecida a nivel mundial. Respecto a México, comentó, “presenta casos violentos que van más allá; vemos situaciones con mismo nivel de salvajismo que usa el estado islámico”
Puntualizó que para combatir la desaparición forzada y el genocidio se deben desarmar entramados sociales, políticos y culturales, y al mismo tiempo reflexionar sobre el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos de cada nación, pues, aseguró, no sólo se trata de violación a los derechos humanos.
En su participación, el periodista de La Jornada, José Steinsleger, subrayó que es indispensable reformular los sistemas jurídicos de los estados modernos para garantizar el respeto a los derechos individuales.
Consideró que el escenario de tragedia que vive México no es de violencia descontrolada, sino “la ejecución de una doctrina de pavor y miedo; lo que sucede en México es para generar un estado de no movilización”.
Enrique González Ruíz, presidente de la Comisión de la Verdad, sostuvo que la desaparición forzada se comete con la protección y el poder del Estado, el cual garantiza recursos suficientes, armamento e impunidad para que se perpetre, con el objetivo primordial de lastimar a todos los habitantes; por eso es un crimen de lesa humanidad.
Uno de los objetivos de este delito es causar miedo y pánico a mucha gente, no sólo a la víctima, a fin de inhibir la participación social. Hizo votos por que la Cámara de Diputados legisle en la materia y se establezca un confiable Registro Nacional de Desaparecidos, y no sea utilizado con fines políticos.
El embajador de Chile en México, Ricardo Núñez Muñoz, resaltó la importancia de que este delito no prescriba, cuyos efectos psicológicos no se superan en una generación. Destacó que varios países de Latinoamérica institucionalizaron la desaparición de personas, ante la cual, aseveró, “estamos en un estadio inferior del desarrollo de la conciencia humana”.
Lo consideró un tema complejo con raíces históricas profundas, que se remontan a la colonización de América Latina, cuando murieron millones de indígenas subyugados. Subrayó que en Chile se han confirmado mil 193 desapariciones tras el derrocamiento del presidente Salvador Allende, en 1973, por lo que existen más de 120 militares condenados a cadena perpetua, mediante la aplicación de las leyes, ya que reconocer y respetar los derechos humanos proviene de los ciudadanos y de ningún grupo político, sostuvo.
Al tomar la palabra, el coordinador del grupo parlamentario del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, aseveró que en México existen muchas cosas qué lamentar dado el proceso de descomposición que se observa en varias partes de la República: “una colusión de las autoridades con el crimen organizado, binomio que a veces se convierte en uno sólo”.
Según datos oficiales, refirió, 75 por ciento de los municipios del país se encuentran infiltrados por las bandas de la delincuencia, lo que constituye “una verdadera catástrofe de Estado fallido, incapaz de hacer respetar los derechos”.
En tal virtud, consideró que este encuentro contribuirá a avanzar en el combate a la desaparición forzada y el genocidio, donde el Estado se comprometa a reparar los daños a los familiares en casos como el de Ayotzinapa que, opinó, “debe ser considerado de lesa humanidad y castigado en los tribunales internacionales”.
