Por eso, las autoridades de la Ciudad de México hicieron un llamado a los constructores cumplir con la ley para la ciudad tenga un desarrollo urbano ordenado.
Esta acción de gobierno forma parte de un esfuerzo coordinado entre diversas dependencias locales para detener las construcciones que no cumplan con la normatividad y que violentan programas de desarrollo urbano.
La demolición fue encabezada por los secretarios de Gobierno, Patricia Mercado Castro, y de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez; el subsecretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto; el consejero presidente del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), Meyer Klip Gervitz, y el director general de Contralorías Internas en Delegaciones, Pedro Cruz Ortiz, de la Contraloría General de la CDMX, así como los subprocuradores de Ordenamiento Territorial, Emigdio Roa Márquez, y Jurídico, Marco Antonio Esquivel López, de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT).
Durante esta intervención, 26 personas, además del ingeniero responsable de obra, fueron presentadas como presuntos responsables por la violación a los sellos de clausura que permanecían en la obra.
“En esta ocasión, vemos un dolo terrible, (la obra) está clausurada desde septiembre, no se presenta nadie cuando se les da el derecho de audiencia, y lo que hacen es seguir la construcción ilegal hacia dentro. Hacia la calle parecía que no pasaba nada. Esto no lo podemos permitir; nadie puede tomar la ley en sus manos”, señaló Mercado Castro, y recordó que es necesario reconstruir la confianza entre empresarios y sociedad.
El consejero presidente del INVEA explicó que el constructor logró abrir una puerta en una construcción contigua para poder continuar con las labores. “Los sellos de clausura estaban por la parte de afuera, pero seguían trabajando, razón por la cual se inician los trabajos de demolición”. Recordó que el costo de esta tendrá que ser pagado por los dueños del inmueble, además de una multa de aproximadamente 110 mil pesos.
El titular de la SEDUVI, Felipe de Jesús Gutiérrez, señaló que la construcción no se apega al uso de suelo de la zona, el cual corresponde a habitacional con comercio en planta baja, con lo que resulta claro que el constructor ejecutó una solución constructiva fuera de norma.
El Gobierno de la CDMX reitera el llamado para que los constructores contribuyan a la seguridad ciudadana y demuelan voluntariamente en los casos de obras que excedan niveles.
A la fecha, se acumulan tres casos en los que las empresas decidieron demoler por sí mismas, dos en la delegación Miguel Hidalgo y uno más en Cuauhtémoc.
Además de las primeras demoliciones, el 2 de junio en la delegación Coyoacán y el 22 del mismo mes en Azcapotzalco –la primera en la historia de la ciudad amparada por una denuncia penal–, se tienen focalizados casos en Azcapotzalco, Coyoacán, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan.
Aunado a los procesos de demolición, esta semana el gobierno capitalino estableció un compromiso con desarrolladores inmobiliarios; el martes pasado se firmó el Código de Ética del Sector Inmobiliario y Vivienda, entre la CANADEVI y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), del cual fungió como testigo de honor el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Este código es un documento inédito en la CDMX, que servirá como una serie de compromisos para el cumplimiento de la ley, que contempla principios del diálogo, lineamientos para una comunidad armónica y cuidado del medio ambiente, entre otros puntos.
El Gobierno de la CDMX refrenda que la demolición de obras ocurrirá únicamente en los casos que estén fuera de la normatividad, pues el objetivo es la seguridad ciudadana, tanto de quienes trabajan en las obras, como de quienes habitan alrededor de las construcciones, y quienes transitan y visitan la ciudad.
