Esa vulnerabilidad obedece a la falta de un marco legal que tipifique como crímenes la infiltración, exfiltración, secuestro y destrucción de datos.
Por tanto, la legisladora presentó un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las acciones necesarias para la adhesión de México al Convenio de Budapest y su Protocolo Adicional, así como al Convenio 108 del Consejo de Europa, con el objeto de enriquecer el marco jurídico en materia de ciberseguridad.
“Para hacer frente a este tipo de amenazas, es necesario que nuestro país redoble esfuerzos en la materia. Se debe desarrollar una política de Estado sobre ciberseguridad y defensa para salvaguardar el espacio informático”, comentó.
Ese convenio es el único existente relacionado con delitos cometidos a través de internet y sistemas de cómputo, cuyo objetivo principal es establecer un marco jurídico uniforme con relación a las infracciones a ataques y acceso ilícito a sistemas de información, derechos de autor, fraudes informáticos, pornografía infantil y vulneraciones a la seguridad de las redes de datos.
El Protocolo Adicional, es complementario al Convenio de Budapest, respecto a la penalización de actos y conductas de naturaleza racista y xenofóbica cometidas a través del uso de sistemas de cómputo.
González Torres refirió que la firma del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido también como el “Convenio de Budapest”, debe ser la base fundamental sobre la que México inicie la construcción e incorporación de mecanismos de intercambio de información especializada en materia tecnológica, inteligencia y ciberseguridad.
De acuerdo con la lista de declaraciones del Convenio, detalló, el documento ha sido firmado por 59 Estados y ratificado por 55 países, entre ellos Canadá y Estados Unidos.
“Nos corresponde como legisladores fortalecer el marco legal que proteja a ciudadanos, instituciones e infraestructuras, a través de leyes y acuerdos que propicien también la firma de tratados internacionales”, subrayó.
La legisladora recordó que hace algunas semanas el mundo fue víctima y testigo de un ataque con alcance transcontinental que afectó a más de cien países y, al menos 500 organizaciones en nuestro país, se afectaron por un programa informático nocivo conocido como ransomware.
La presidenta de la Comisión Especial estimó que es menester para la estabilidad social y económica de nuestro país, tener acceso a herramientas de cooperación que nos permitan formar parte de una red de defensa cibernética internacional, y recibir la cooperación técnica que naciones mucho más avanzadas en la materia puedan ofrecer.
González Torres destacó el trabajo del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México de la Policía Federal, que desarrolla procesos de protección de infraestructuras críticas susceptibles de ser vulneradas por ataques informáticos.
Sin embargo, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), los ataques cibernéticos en nuestro país constituyen un serio problema para la seguridad nacional, ya que no contamos con un Sistema Nacional de Hoja de Ruta para la seguridad en el ciberespacio.
La diputada del PVEM concluyó que el intercambio de información con socios regionales se debe dar en el marco de acuerdos establecidos y a través de canales diplomáticos e institucionales, para garantizar el diálogo, la cooperación y estabilidad nacional y regional.
