Asimismo, lo exhortó, a publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las reformas a diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional.
En un comunicado, el también coordinador del PRD recordó que la nueva ley contra la tortura –que derogará la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada en 1991– fue aprobada por el Senado, de forma unánime, el 26 de abril de este año, luego de que la Cámara de Diputados hiciera lo propio el día 19 de ese mismo mes.
Agregó que conforme al proceso legislativo, el decreto por el que se expide la nueva legislación se turnó al Ejecutivo federal para su publicación en el DOF, “sin que eso haya ocurrido hasta la fecha”.
“Aunque toda la legislación merece un estudio detallado para conocer sus alcances, existen efectos retroactivos que representan un aspecto trascendental y que es la causa por la cual no ha sido promulgada”, explicó.
Martínez Neri advirtió que “en México la tortura y los malos tratos, como la asfixia, la violencia sexual, las descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica, continúan siendo práctica común para conseguir declaraciones (por parte de las autoridades)”.
Alertó que “los índices de impartición de justicia en el país son bajos, peor aún si hablamos en el caso específico de la tortura. En ese rubro son casi nulos. La impunidad alcanza el 99.6 por ciento, apenas dos de cada 100 delitos son juzgados”.
Añadió que “ejemplo de ello es que la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, de la Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo sólo 19 órdenes de aprehensión derivadas de cuatro mil 715 expedientes de averiguaciones previas”.
“En la democracia que vive el país, uno de los temas prioritarios es la erradicación de la tortura, la cual ha sido establecida como uno de los desafíos prioritarios en materia de derechos humanos. Es inadmisible que se sigan fabricando culpables y llenando las cárceles de gente inocente”, comentó el legislador perredista.
Ahondó que “el artículo segundo transitorio del decreto aprobado, permitirá a las personas sentenciadas o que se encuentren en proceso, que hayan sido víctimas de tortura, reabrir sus casos o bien, pedir que se analicen a partir de los contenidos establecidos con la nueva legislación”.
Enfatizó que “es preocupante la falta de promulgación de este cuerpo normativo, sobre todo si los motivos son la presión de grupos opositores a la reforma, situación que resultaría un contrasentido, pues en el amplio consenso generado para aprobar esta ley participaron activamente varias instancias del gobierno federal”.
El líder parlamentario manifestó que “la tortura en México es un problema a gran escala, que exige del Estado mexicano una respuesta integral, por eso urge la publicación y entrada en vigor de este marco jurídico”.
“Es necesario que se inicie la revisión de los cientos de miles de casos de personas víctimas del propio sistema y de sus autoridades”, sentenció.
