A través de una proposición de punto de acuerdo, el parlamentario perredista pidió a todos los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente respaldar con hechos la aplicación de la reforma constitucional que dio paso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que hasta el momento hay diversos pendientes, como la designación del Fiscal Anticorrupción y la aclaración de cuentas por parte de diversos gobiernos, entre ellos el de Sandoval Castañeda en Nayarit.
Recordó que de acuerdo con la ASF, el gobierno de Nayarit tiene observaciones sobre el uso poco claro de ocho mil 98 millones de pesos y el subejercicio de cinco mil 699 millones de pesos más correspondientes a la cuenta pública de 2015.
Sobre el mismo ejercicio fiscal llamó la atención sobre el manejo poco claro de la voluminosa deuda pública de la entidad, que al cierre de ese año ascendía a 41 mil 698 millones de pesos –equivalente a 51 por ciento de las participaciones federales-, con lo cual esta entidad fue la quinta más endeudada del país.
Omar Ortega Álvarez llamó la atención sobre el hecho de que el gobierno de Sandoval Castañeda también debe aclaraciones sobre las cuentas públicas de 2011 a 2014.
Inicialmente la ASF le requirió aclaraciones sobre 14 mil 898 millones de pesos correspondientes a esos años, pero la administración local sólo justificó tres mil 160 millones, de modo que aún debe información sobre 11 mil 737 millones de pesos.
Como ejemplo de las áreas afectadas, el parlamentario federal perredista citó datos de las ASF correspondientes a la cuenta pública de 2014.
De acuerdo con ellos, los rubros afectados fueron el educativo, el de salud, la seguridad pública, agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura para las localidades que presentan mayores niveles de rezago social y pobreza extrema.
El Coordinador de Proceso Legislativo del GPPRD en la Cámara de Diputados asemejó estas afectaciones a las que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa provocó a la población de Veracruz con la malversación de miles de millones de pesos, recursos cuyo destino aún se desconoce.
Consideró necesario que, para evitar un agravio mayor a la población afectada, instancias federales y nacionales, como el Congreso de la Unión, intervengan a la brevedad y conminen a la administración de Roberto Sandoval Castañeda a aclarar qué se hizo con los recursos, provenientes de todos quienes pagan impuestos –incluidos, por supuesto, los nayaritas- que la Federación le transfirió.
Esta transferencia de recursos a la administración de Sandoval Castañeda –precisó Ortega- se hizo a través de fondos de aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIMSDF), los Servicios de Salud (FASSA), el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), la Educación Básica y Normal (FAEB), y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), entre otros, así como programas como el del Seguro Popular, el de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, y de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, la mayoría dirigidos a población con alto o muy alto nivel de rezago social, es decir, en pobreza o en extrema pobreza.
En lugar de destinarse a los rubros mencionados, los recursos se fueron al pago de remuneraciones indebidas o injustificadas a unos cuantos funcionarios, al pago excedente en prestaciones no ligadas al salario o simplemente desaparecieron porque ni fueron devengados ni fueron ejercidos, como sucedió con el 57 por ciento del FAM y el 53 por ciento del FASSA.
Todo eso –dijo el perredista- debe aclarar el gobernador Roberto Sandoval y para que lo haga, el Congreso de la Unión debe exhortarlo, pues una de sus Cámaras –la de Diputados- fue la que le aprobó la transferencia de recursos y, con la de Senadores, aprobó el monto de impuestos recaudado a contribuyentes.
