Destacó que las Secretarías de Medio Ambiente, (SEDEMA), de Movilidad (SEMOVI) y de Seguridad Pública (SSP), capitalinas, deben asumir su responsabilidad y explicar los motivos por los que continúan en circulación microbuses, autobuses de pasajeros, transporte público federal pesado, camiones de carga propiedad de los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México que contribuyen grandemente para elevar los índices de contaminación ambiental.
Hizo notar que a la fecha operan cerca de 30 mil unidades de transporte público colectivo metropolitano en más de cien rutas y corredores de transporte de los que más de 11 mil deben ser renovados porque ya cubrieron hasta 20 años en servicio cuando por ley su vida útil es de 10 años.
Destacó que circulan en la CDMX más de 300 mil unidades de transporte de carga de más de tres y seis toneladas y tracto camiones que consumen gasolina y diésel en grandes cantidades y que son ostensiblemente contaminantes deben ser sancionados y suspendida su circulación hasta que reparen los daños generados al medio ambiente.
Demandó a la Secretaría de Salud capitalina (SEDESA), tomar las medidas necesarias para atender a los individuos más susceptibles a padecer enfermedades respiratorias, oftalmológicas, gastrointestinales, problemas cardiovasculares, asma y dermatológicas provocadas por la contaminación ambiental como las personas de la tercera edad, con discapacidad, niños y enfermos crónicos.
Destacó que es urgente que los titulares de SEDEMA, SEMOVI y de la SSP comparezcan en las comisiones respectivas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), para que informen sobre las estrategias que llevarán a cabo para prevenir, mitigar y atender los efectos de la contaminación ambiental.
Es lamentable, dijo, que el titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis afirme que la Contingencia ambiental Fase 1, activa desde el lunes 15 de mayo, esté lejos de ser la mayor que se haya registrado cuando los efectos que genera la contaminación a la salud son acumulativos, degenerativos y mortales,
Recordó que derivado de la contaminación ambiental han fallecido más de 22 mil personas en la Ciudad de México y que la manipulación de los índices de contaminación ambiental obedecen más a cuestiones político electorales que a una manera de prevenir daños irreversibles a la salud de los capitalinos.
Ángeles Valencia pidió a la CAME ser más coherente al afirmar que ha identificado que los automóviles son responsables de la tercera parte de las emisiones y que por ello ha enfocado su política pública a aumentar las restricciones a la circulación de ciertos vehículos particulares cuando la contaminación continúa pese a que dejan de circular estos automotores no así los de transporte público concesionado ostensiblemente contaminante.
Sostuvo que la saturación permanente ha alcanzado tal punto que el clamor en las calles de la capital es que ni el tráfico ni la contaminación han bajado pese a las prohibiciones.
Por ello llamó a que todas las empresas procedentes de comercios, industrias y servicios faciliten las verificaciones de manera trasparente sin distingo alguno, para comprobar que efectivamente no contaminan como aseguran industriales y la CAME.
Ángeles Valencia enfatizó que todas aquellas fábricas que contaminen visiblemente sean clausuradas y reparen los daños que hayan generado a los capitalinos al cien por ciento.
Consideró lamentable que los más de 4.5 millones de automovilistas deban pagar las consecuencias de la aplicación de malas políticas ambientales, y señaló que, pese a que han dejado de circular durante la contingencia ambiental, desde el pasado martes, los índices de contaminación no han bajado.
Exigió a la SEDEMA se den a conocer los nombres y giros de las industrias que contaminan ostensiblemente ubicadas en la capital del país y municipios circunvecinos.
Argumentó que Inhibir el uso del automóvil para disminuir los altos índices de contaminación del aire es un paliativo que no resuelve la raíz del problema que repercute en la salud de más de 20 millones de habitantes de la Cuenca del Valle de México.
Advirtió que cifras oficiales indican que al menos se han registrado 22 mil muertes durante más de 200 días en 2016, asociados con la mala calidad del aire.
La carencia de políticas públicas eficientes del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), para mitigar los altos índices de contaminación ambiental apunta a que los intereses político electorales están por encima de la prevención y mejoramiento de la calidad de vida de más de 20 millones de mexicanos que habitan la zona peri metropolitana, señaló la diputada Ana Juana Ángeles Valencia.
Sostuvo que el costo político de aplicar medidas de fondo en contra de los agentes contaminantes aumenta cada vez por la cercanía a las elecciones del próximo 4 de junio en el Estado de México y del 2018, debido a que son los industriales y los dueños de parques vehiculares contaminantes quienes financian las tareas proselitistas de los aspirantes a las gubernaturas, presidencias municipales y a ocupar una curul local en esa entidad.
