En la sesión de la Comisión Permanente, en donde se condena enérgicamente los reprobables acontecimientos ocurridos en contra de periodistas y lamenta las agresiones de las que han sido objeto en las que incluso varios de ellos han perdido la vida y reconoce que su muerte es un duro golpe para el periodismo y la sociedad mexicana, congresistas opositores exigieron la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong y del procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade.
En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto sostuvo que su gobierno de está resuelto a actuar con firmeza y determinación para detener y castigar a los responsables de los asesinatos de periodistas, y para ello anunció tres acciones que se emprenderán a nivel federal.
Luego de pedir un minuto de silencio en memoría de los comunicadores que han perdido la vida en cumplimiento de su labor, indicó en primer punto, que se fortalecerá la estructura y el presupuesto del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
También se establecerá un esquema nacional de coordinación con los estados, así como un protocolo de operación para hacer frente a las situaciones de riesgo contra los periodistas, y se fortalecerá la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
Al aseverar que los crímenes contra periodistas no quedarán impunes, subrayó que “no podemos permitir la censura ni las restricciones a la labor informativa de la prensa”, ni en medios impresos, radio, televisión, ni en plataformas digitales, pues “una democracia plena requiere que nadie calle su voz” y dijo que coincide con la demanda de que “no se mata la verdad matando periodistas”.
Luego de una reunión privada con mandatarios estatales en el salón Manuel Ávila Camacho, reconoció las acciones anunciadas por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para fortalecer la capacidad institucional de las procuradurías estatales y garantizar el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
“Es obligación del Estado mexicano en su conjunto otorgar garantías a los periodistas para el desempeño de su profesión, especialmente, ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado, en ocasiones infiltrado en instancias de gobiernos locales de ciertas regiones del país”, dijo al expresar condolencias a familiares y amigos de periodistas fallecidos.
“De cara a los retos que enfrentamos en la lucha contra el crimen organizado, México debe distinguirse por ser un país democrático y por defender la libertad de expresión, por defender a los periodistas y defensores de derechos humanos”, enfatizó ante embajadores de diversos países, presentes en el acto.
Acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, el jefe del Ejecutivo federal recalcó que “la violencia no puede ser parte de nuestra vida cotidiana”
Recalcó que cada crimen contra un periodista “es un atentado contra libertad de expresión y contra la ciudadanía”, y afirmó que comparte la exigencia de justicia del gremio periodistico y la soceidad entera, y que “como presidente de la República, actuaremos con firmeza y determinación para detener y castigar a los responsables”.
Con la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Peña Nieto subrayó que “no estamos aquí para dirigir discursos, pero sí para reafirmar un firme compromiso y llevarnos tarea para combatir la impunidad, para que la muerte de periodistas no quede impune, y se encuentre a los responsables”.
Durante la asamblea de la Permanente, hubo pronunciamientos de los integrantes de las diferentes fuerzas políticas en el Congreso sobre las agresiones contra periodistas. El diputado de Morena, Vidal Llerenas Morales dijo que las agresiones y asesinatos a periodistas en México son reflejo de una política de seguridad equivocada del Gobierno Federal que no se basa en la seguridad ciudadana, porque pretende combatir el crimen sin organización ni fuerza, y tampoco sin involucrar a la sociedad ni con respeto a los derechos humanos.
“Así es la procuración de justicia en México y así es la deuda que tiene este gobierno con una enorme, enorme, enorme crisis de seguridad ciudadana, que ya se clasifica con los mismos términos de una guerra civil”, afirmó.
Aseveró que no es verdad lo dicho hoy por el Presidente Enrique Peña Nieto, de que la libertad de expresión ha mejorado en su administración, ya que nuestro país es el más peligroso para ejercer el periodismo en Latinoamérica y el cuarto en el mundo.
“Lo que hay detrás de las matanzas a periodistas es una grave crisis de derechos humanos en el país. Solamente se va a resolver la crisis de seguridad, si se resuelve también la crisis de derechos humanos”, recalcó.
En su oportunidad, la diputada priísta, Martha Hilda González Calderón aseguró que el gobierno de Peña instrumentó y fortaleció el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas e implementó las medidas de protección que garantiza la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que padezcan agresiones con motivo de su labor.
Calificó de grave los homicidios en contra de los reporteros para la vida de la República y se une el PRI a todas las corrientes políticas y a todos los sectores de la sociedad en una manifestación decidida de repudio a la agresión en contra de periodistas mexicanos, repudio que desde esta tribuna, como lo han hecho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, refrendamos de manera decidida.
La diputada de Nueva Alianza, Karina Sánchez Ruiz recordó que desafortunadamente la labor periodística en México es de alto riesgo. Desde el año 2000 han sido asesinados más de 100 profesionales en todo el territorio nacional, de las cuales once fueron solamente en el año 2016.
Dijo que los pronunciamientos, las quejas, los señalamientos en este momento son insuficientes por el nivel de indignación que priva en la sociedad mexicana, y el asesinato de una persona, sea periodista o miembros de los medios de comunicación, constituye un ataque directo contra toda la sociedad.
No solamente violenta los derechos fundamentales como la libertad de información, de expresión y a la vida, claramente establecidos en nuestra Constitución, sino que además atenta contra el tejido social, las instituciones y la democracia, sobre todo al someter a un gremio al acoso, la amenaza y la muerte, aseveró.
Al mencionar que desde 2012 han perdido la vida 40 periodistas, el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich opinó que el pronunciamiento presidencial “lo que hace es evidenciar una serie de omisiones, de contradicciones, de evidencias que son los que tienen hoy el tema en la palestra pública”.
Dice el Presidente de la República: “Que no habrá impunidad”. Se refiere de manera insistente que van a dar con los responsables de la muerte de varios periodistas, particularmente de Javier Valdez. Sin embargo, añadió, la tasa de impunidad en la materia ronda el 99.5 % en los últimos años.
Y habla también de fortalecer, entre otras cosas, los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y el mecanismo existe desde el 2012 y la situación presupuestal del fondo para atender estos problemas, pues es, prácticamente precaria, por no decir inexistente.
Aseguró que la situación, aunque hoy mismo parece negarla el Presidente, “es de un Estado de violencia y de terror, un Estado de impunidad y un Estado sin justicia”. Pero es todavía más desafortunado que el anuncio del Presidente siga sin dimensionar lo que está pasando en el país, lo que significa el asesinato del periodista Javier Valdez, y de tantos otros periodistas y activistas de derechos humanos.
Mientras tanto, Lía Limón, diputada del PVEM, lamentó que solamente seis entidades (Veracruz, Hidalgo, Coahuila, San Luis Potosí y Quintana Roo) hayan echado andar el mecanismo de protección a periodistas en el país y únicamente Hidalgo, Ciudad de México, Campeche, Guanajuato y Chiapas cuentan con una fiscalía especial para atender casos de ese gremio.
