La propuesta fue impulsada por Erika Briones Pérez, legisladora del GPPRD, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, tras considerar que los adultos mayores son internados por padecimientos mínimos y los familiares se desentienden de ellos casi de inmediato, o son abandonados porque se tiene la errónea percepción de que el adulto mayor ha cumplido con su vida laboral útil y es considerado como una “carga” para la familia.
La legisladora por San Luis Potosí detalló que los adultos mayores en México son susceptibles a correr mayor riesgo de sufrir consecuencias negativas debido a los prejuicios, pues cerca de seis millones de personas de más de 65 años de edad, viven en situación de pobreza, uno de cada cuatro padece carencia alimentaria y el 60% vive en rezago educativo; además, el 51% de personas con alguna discapacidad en el país, se encuentra dentro de este rango de edad.
Briones Pérez indicó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) señala que con frecuencia, los adultos mayores son falsamente asociados con enfermedad, ineficiencia, lentitud y poca productividad, lo que en conjunto, conduce a estereotipos equivocados de decadencia y los convierte en objeto de abandono, maltrato, exclusión y víctimas de discriminación, lo que restringe el acceso a sus derechos.
“Es necesario establecer una obligación el cuidado y la atención de las personas adultas mayores en el núcleo más cercano en el que se desarrollan, para que bajo estos términos, se garantice una vejez plena, donde los lazos afectivos perduren así y se garanticen sus derechos fundamentales”, argumentó la legisladora del Sol Azteca en su propuesta.
La parlamentaria perredista criticó que hasta el día de hoy, los derechos de los adultos mayores no hayan sido reconocidos específicamente en una convención o tratado en el sistema de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como ha ocurrido con otros grupos particulares; sin embargo, reconoció que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están plasmados ciertos derechos fundamentales extensivos a las personas mayores; entre ellos: el derecho a la igualdad, la prohibición de discriminación por cualquier condición y el derecho a condiciones de vida adecuadas.
En 1991, la Asamblea General de la ONU adoptó los Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad, donde se enumeran 18 derechos relacionados con la independencia, la participación, los cuidados, la autorrealización y la dignidad; mientras que en la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, los gobiernos se comprometieron a diseñar y ejecutar medidas para enfrentar los retos que plantea el envejecimiento; además, se propusieron más de un centenar de recomendaciones sobre tres temas prioritarios: personas de edad y el desarrollo, fomento de la salud y el bienestar en la vejez y la creación de un entorno propicio y favorable para ellos.
La diputada perredista subrayó que si bien la publicación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada en 2002 es un avance significativo, no hay un instrumento jurídico nacional o internacional específico para los adultos mayores.
