La propuesta, que reforma al artículo 265 del Código Penal Federal, precisa que se impondrá dicha pena a quien cometa el delito de violación y que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo.
Mercado Sánchez, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, subrayó que en 2016 la violencia sexual en México tuvo una tasa de al menos 24.31 casos denunciados por cada cien mil habitantes. Los estados con mayor incidencia e impunidad fueron: Baja California, Chihuahua, Baja California Sur y Morelos.
El Estado de México, continuó, acumuló en ese año el mayor número de averiguaciones por delitos sexuales con tres mil 715 casos denunciados, que representan el 13 por ciento del total registrado a nivel nacional. Pero dado que esta entidad tiene una población superior a los 17 millones de habitantes, su tasa de es de casi 22 casos, por debajo del promedio nacional.
En la Ciudad de México, la violencia sexual está por encima de la media nacional, ya que registró dos mil 265 denuncias que representan una tasa de casi 30 casos por cada cien mil habitantes, por lo que ocupa el puesto 11 a nivel nacional con la mayor incidencia en estos delitos, sostuvo.
La legisladora refirió que, de acuerdo con un diagnóstico sobre la violencia sexual elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de cada cien casos de agresiones sexuales que se cometen en el país, sólo seis son denunciadas, de las cuales apenas la tercera parte son consignadas ante un juez.
Comentó que entre 2010 y 2015 se iniciaron 83 mil 463 averiguaciones previas por delitos sexuales, de las cuales 29 mil 349 fueron consignadas. Es decir, que sólo el 35 por ciento de los casos llegó a manos de un juez.
Otro problema, agregó, es el desorden que predomina en el país en cuanto a cómo se califican y castigan los casos de violencia sexual dado que “no hay criterios homologados en los códigos penales vigentes, lo que se debe a que cada dependencia, ya sea de justicia, de salud, de atención social o de derechos humanos, registra arbitrariamente la información sobre las víctimas, las características del evento ocurrido y los servicios brindados, además de actuaciones misóginas, discriminatorias e ignorantes dentro del marco constitucional”.
Por ello, estimó importante incrementar las penas en pro de la disminución de este delito que “desgraciadamente queda impune en manos de nuestras instituciones, toda vez que no dan el debido seguimiento a los casos relacionados”.
