Por ello, es necesario mejorar y refinar los mecanismos de fiscalización de los gastos –sea con financiamientos públicos o privados– que realicen; el punto es inspeccionar las cuentas y actividades de éstos y no retirar el financiamiento público a las campañas electorales, abundó.
El universitario indicó que, desde su perspectiva, han sido demasiadas las críticas al financiamiento estatal hacia las campañas electorales. “Desde la reforma de 1996, en la que se extendió la partida hacia las campañas y a los gastos ordinarios de los partidos políticos, se tuvo la intención de profesionalizarlos, porque fue la primera vez que la izquierda tuvo dinero”.
La prevalencia del financiamiento público sobre el privado tuvo por objeto, además de dicha profesionalización, proteger a la izquierda, evitar que los empresarios y el narco compraran poder, y que los gobiernos canalizaran recursos públicos para fines privados durante las campañas.
Ésa es una argumentación bastante sólida. Sin embargo, abundó, hay que ser realistas, “si tenemos un tope de campaña para la Presidencia de la República de unos 400 millones de pesos, eventualmente estamos incitando y, probablemente, obligando a los partidos a que rompan el margen presupuestal, puesto que todo mundo sabe que esta campaña política costará mucho más.
“Que no nos extrañe entonces que salga de repente un video en donde haya agentes de un partido político solicitando a empresarios 60 millones de pesos, por ejemplo, como ya se ha visto, y que no nos extrañe tampoco que el narco entre a las campañas o que el gobierno canalice recursos indebidamente para actos electorales”.
En ese contexto, Pérez Fernández resaltó la necesidad de “mucha más cultura política y civilidad por parte de los partidos políticos. Lo que puede pasar, y de hecho de alguna manera está sucediendo, es el incremento del financiamiento de las campañas por parte de empresarios, además del dinero público y, en elecciones locales, la participación de la delincuencia organizada”.
De lo que se trata es de evitar ese mal, aunque es difícil, no por culpa del Estado o del gobierno, sino por la incivilidad de los partidos y actores políticos.
“Es un hándicap que tiene el país, todos compran el voto, lo coaccionan, incluida la Iglesia. Existe una permanente, reiterada y, en ocasiones, consentida violación a la norma por parte de los partidos y los actores políticos”, subrayó.
“Me quedo con el financiamiento público hacia las campañas electorales, creo que es indispensable. Es como cuando dicen que la democracia no funciona, ¿entonces lo que debemos hacer es quitar la democracia?, no, lo que se requiere es hacer que funcione, colocar los elementos a partir de los cuales podemos encontrar una democracia eficiente y eficaz en la resolución y representación”, planteó.
Desde la perspectiva del universitario, aún debe perfeccionarse el proceso de transparencia de los gastos de campañas, porque “es mucho dinero público el que se destina a los partidos políticos. Habría que fiscalizarlos de una manera un poco más rígida, aunque en este proceso se han hecho avances importantes en el país”.
