La secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputada Minerva Hernández Ramos (PAN), consideró indispensable conocer qué instituciones y cuánto destina cada una en el combate a la corrupción e integrar ese recurso en un anexo transversal en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Se pronunció por partir de una cifra en el PEF, que año con año incremente su monto en función de las necesidades del propio Sistema y con el respectivo candado, para que ese recurso sea irreductible.
El integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Agustín Basave Benítez (PRD), señaló que “no hay voluntad política, al menos de la mayoría, para sacar adelante el SNA. Se tiene que presentar una propuesta antiburocrática para que no digan que no hay dinero o que el país está en crisis; debe haber un criterio austero para el presupuesto del Sistema”.
Quienes no quieren combatir la corrupción tienen varias estrategias, avalan reformas constitucionales de avanzada y luego las frenan en las leyes secundarias; hay manera de hacer las cosas con un aparato burocrático pequeño.
Rafael Hernández Soriano, diputado del PRD, consideró que el presupuesto del SNA debe destinarse a lo más robusto y lo demás irá fluyendo. Debemos enfocarnos en los engranes principales del Sistema.
El diputado independiente, Manuel Clouthier Carrillo, sostuvo que el SNA debe ser un ejemplo en su presupuesto, transparencia y todo lo que pretende vigilar y hacer cumplir para que, junto con él, arrastre a las demás instituciones del país.
“Nadie sabe lo que va a costar el chistecito, falta aún el modelo de réplica para los estados del país, pero hay áreas que sí sabemos lo que implican; por ello, hay que garantizar un piso mínimo de presupuesto que dé certeza y certidumbre a quienes operarán el Sistema”, comentó.
La forma más fácil de estrangular a instituciones encargadas de combatir la corrupción y la fiscalización, es a través del presupuesto y eso tiene que evitarse para que el Sistema no mendigue recursos.
El gasto para el SNA debe hacerse con base cero, pero “hay que definir primero qué es el combate a la corrupción, porque parece que quienes presiden las instituciones no lo tienen claro”.
La integrante del Caucus, diputada Cecilia Soto González (PRD), coincidió en que se debe analizar qué es el combate a la corrupción y trabajar en un presupuesto austero para su funcionamiento. “La Comisión de Presupuesto debe trabajar al respecto”.
El diputado perredista, Francisco Xavier Nava Palacios, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, mencionó que se requiere una estrategia presupuestal y empujarla entre los distintos grupos parlamentarios. “Trabajar en el PEF parece lejano pero en realidad ya están los documentos previos o Precriterios de política económica”.
De Morena, el diputado Juan Romero Tenorio manifestó que los tiempos legislativos “empantanan cualquier buena intención, ya que el periodo está por terminar y retrasará cualquier iniciativa que se presente; sin embargo, no nos impide solicitar una reunión con la Secretaría de Hacienda para perfilar lo que será el Presupuesto del SNA”.
Si no se logra una autonomía financiera de los órganos responsables en las entidades, difícilmente se tendrá un Sistema funcional; en ese sentido. “Podemos buscar reformas que permitan federalizar ese recurso y que no dependa de los Congresos de los estados que, en un momento dado, van a coartar la autonomía en la decisión de los órganos de control”.
El Sistema no debe depender de cuestiones políticas, dentro del Ramo 33 puede existir un fondo federal que genere autonomía y fortalezca el combate a la corrupción.
La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard Mariscal, manifestó su preocupación por el aparato burocrático que se pueda crear a partir del SNA. “Nosotros queremos un presupuesto muy austero y transparente”.
Se comprometió a que, una vez que se defina lo que necesita el Sistema, haya una demanda del Comité Coordinador a la Secretaría de Hacienda y a los propios diputados, para que se conforme un presupuesto que no implique grandes aparatos administrativos.
“Nos hemos basado en pensar en áreas claves, por ejemplo, una en materia informática, ya que una de las grandes apuestas de la Secretaría Ejecutiva es cómo llegar a toda la información a la cual el Comité Coordinador tiene acceso, más allá de que sea o no reservada, y cómo poner en comunicación todas las bases de datos de cada entidad. Ahí la inversión inicial tiene que ser fuerte.
Otra cosa importante es cómo se tendrá el enlace con los Sistemas locales, “porque se habla de un sistema nacional, entonces, se requiere un seguimiento y comunicación permanente”.
Se debe conocer cuánto destina cada institución al combate a la corrupción, ya que sorprende que para poner en funcionamiento el Sistema se refiera que se deben crear nuevas unidades administrativas, cuando debe ser justamente lo contrario.
