El legislador aseguró que es urgente lograr la equidad y garantizar los derechos culturales no sólo de nuestros los connacionales, si no también, de aquellos que encuentran en nuestras expresiones, un motivo de goce y no sólo un objeto de consumo.
Suárez del Real precisó que en Estados Unidos de América radican más de 50 millones de hispanos, de los cuales, al menos 30 millones son de origen mexicano, quienes deben tener derecho de pertenencia a cualquiera de las expresiones culturales mexicanas, así como a la libertad creativa para fusionar su cultura con otras manifestaciones propias del lugar en donde viven.
Destacó que hoy en día, los derechos culturales de los mexicanos no están reconocidos en el Tratado del Libre Comercio, pues no se aplicó lo dictado por el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México en 1981, que establece que cada persona posee derechos culturales que se pueden ejercer en cualquier parte del planeta.
El diputado de morena lamentó que la ausencia de esta visión garantista de derechos permitió considerar al migrante como mera mano de obra. A los estadounidenses, agregó, les acomodó la visión del quehacer cultural como un servicio del Estado y no como un derecho de las y los mexicanos.
A diferencia de México, señaló Suárez del Real, Canadá buscó proteger a sus comunidades nativas, pues es una nación que no sólo se ufana de sus orígenes británicos y franceses si no también de sus pueblos originarios.
Es necesario que los negociadores mexicanos tengan presente que someter los derechos culturales es vejatorio de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, firmados no sólo por México si no también por los Estados Unidos, manifestó el legislador.
Al concluir, José Alfonso Suárez del Real aseguró que las dos décadas de aplicación del Tratado, no ha sido más que un acuerdo en favor de las empresas estadounidenses que inhiben la posibilidad de ejercer los derechos culturales. Por ello, urgió a considerar a la cultura como una política pública obligatoria de todos los Estados, a fin de dar cumplimiento pleno a los derechos culturales.
