El pasado 17 de diciembre, el ahora ex delegado chocó contra un vehículo estacionado una camioneta Jeep Cherokee nueva, con placas 588 – ZVH, la cual resultó ser propiedad de la empresa Amexire que ha prestado servicios a la delegación por diversos contratos que superan los 50 millones de pesos.
El punto de acuerdo, promovido por las diputadas Cristina González Cruz y Lourdes Quiñones Canales, del PRI, precisa que las explicaciones ofrecidas por el delegado no aclaran los hechos, sino que generan más dudas, pues ahora existe una presunción fundada sobre la existencia de un grave conflicto de interés entre una empresa contratista y Jesús Valencia.
Ante ello, resalta, es necesaria una investigación a fondo que ayude a establecer sanciones en contra de quienes resulten responsables de haber incurrido en delitos en contra del servicio público y causales de responsabilidad administrativa.
En su intervención, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN) dijo que a un mes de lo acontecido, no hay avances en la investigación por parte de la Contraloría General ni de la Comisión de Delitos de la PGJ del Distrito Federal, ni tampoco hubo un llamado por parte del jefe de Gobierno capitalino a Jesús Valencia para separarse del cargo inmediatamente, lo cual ocurre hasta que se da el proceso de las candidaturas.
“Responsabilizamos al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, por cualquier acto de encubrimiento en este caso; no podemos entender cómo es que fue capaz de empujar el acuerdo para que los delegados que buscan una candidatura pidieran licencia, pero no frente a un caso claro de corrupción”, afirmó.
“Exigimos una investigación profunda y que tanto la Contraloría General como la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal hagan su tarea y no se conviertan en solapadores del jefe delegacional de Iztapalapa, hoy con licencia”, agregó Gómez del Campo Gurza.
En su turno, la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD) expresó que el punto de acuerdo se resolvió en la Primera Comisión precisamente para habilitar que “nosotros no estamos entorpeciendo ninguna investigación con respecto al uso de recursos públicos en la delegación Iztapalapa. De ahí que haya sido aprobado por unanimidad”.
No sólo eso, resaltó, también que PRD fue quien en los primeros días de este año solicitó ante la Auditoría Superior de la Federación una auditoría al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de la Ciudad de México, pero en especial al de la delegación Iztapalapa.
“Nos hacemos cargo de que los errores cometidos por los funcionarios se tengan que revisar en las instancias correspondientes. No nos vamos a erigir como un tribunal, en el que estipulemos si hubo o no desvío de recursos, si hubo o no un trato –como aquí se quiere manejar– cínico, en el caso de un gobernante”, apuntó.
No podemos, insistió, decir desde ahorita que ya hay una sanción, que ya hay un mal manejo, cuando está en curso la auditoría y que nosotros fuimos los primeros en solicitarla; y “está por escrito para que el PAN lo conozca y además le vamos a dar copia”, indicó.
