Esto afirmó el diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez (PRI), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, durante los trabajos del Foro “La Pobreza en México, avances, retos y perspectivas”, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados.
Reconoció que este evento permitirá abonar y profundizar en este tema, “que no sólo es un fenómeno que se presenta en México, sino a nivel internacional”.
Dijo que en 2015, el producto mundial creció 3.2 por ciento, mientras que el comercio internacional aumentó 2.6 por ciento. Por décadas, enfatizó, el comercio jaló la producción globalizada, pero ahora, advirtió, “hemos entrado a la era del fortalecimiento del mercado interno, sobre todo ante las prácticas proteccionistas que puedan afectar nuestro desarrollo económico y tener impactos reales en la generación de oportunidades que permitan superar la pobreza”.
Además, continuó, en un radical cambio de paradigmas, Estados Unidos plantea equilibrar su comercio exterior, lo que implica para México reducir su superávit, que en 2015 fue de 122 mil millones de dólares.
“Es un ingreso favorable a nosotros, que debemos revisar, porque lo hemos ocupado para importar productos y servicios, que vienen de China, Corea del Sur, Japón, Taiwán y Europa”, detalló.
Subrayó que en este contexto de cambios profundos en la economía internacional, es necesario revisar el estado de la política nacional de combate a la pobreza.
Pobreza es sinónimo de exclusión, destacó, por lo que “es necesaria la política pública para atender esa condición, que es uno de los retos por resolver en los próximos años”.
Apuntó que organismos multinacionales señalan que la falta de equidad e inclusión económica es una gran preocupación en la agenda internacional, pues afirman que “el empobrecimiento que asola a buena parte del planeta va asociado a la debilidad en la generación de empleos, el deterioro de los ingresos y la pérdida de participación de los salarios en el reparto del ingreso”.
Estos elementos, abundó, han ocasionado una espiral negativa entre estancamiento económico, empleo e ingreso, aunado a un cambio de gran magnitud en el ámbito económico y político a nivel mundial.
La diputada Araceli Damián González (Morena), secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, señaló la importancia de saber si la política social es la solución a la pobreza y si las mediciones refieren una reducción de esa condición.
Indicó que “a 20 años del programa Prospera, en materia de ingreso los mexicanos están en el mismo nivel que al inicio”, cuando 53 por ciento eran pobres, según los parámetros de aquellos años; en 2014, el porcentaje era el mismo, de acuerdo con el CONEVAL, y “es casi la misma línea de pobreza”.
“No hemos logrado que el programa estrella baje de manera sustancial la pobreza. Lo que hacemos es aplicar una política social paliativa, como poner un curita, porque la sociedad mexicana no puede competir en el mercado internacional con gente que sólo tenga primaria y secundaria. Esto está claramente demostrado”.
Refirió que en la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación señala que más de 46 por ciento de los beneficiarios de Prospera no pueden comprar una canasta mínima de alimentos. “Lo único que hace es amortiguar un poco la pobreza, pero no lo suficiente”.
Cuestionó si la política social sirve o si se debe plantear una modificación sustancial. Se pronunció por fortalecer la autonomía del INEGI, para propiciar la construcción de información objetiva, lo cual requiere la separación absoluta de quien produce los datos frente a quien es evaluado con los programas sociales.
Dijo que se ha permitido el funcionamiento de Prospera y otros programas, “cuando son asistenciales y se prestan al juego político en las elecciones y es lo que queremos eliminar”.
En la primera mesa de trabajo de este foro, denominada “¿La política social es la solución a la pobreza?” se contó con la participación de José Edwin Díaz Valdés, de la subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien refirió que la dependencia puede con el reto de cubrir las carencias y derechos sociales, pero es necesario mejorar el ingreso.
“Es la base, es un ente transversal y la dependencia ayuda a través de los programas con ingresos directos, pero no es su responsabilidad”, subrayó, y en ello deben participar otras instancias para asegurar un ingreso mínimo de dos mil 542 pesos per cápita para superar la línea de pobreza en zonas urbanas. “Es el gran reto de la medición”.
A su vez, Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indicó que para este organismo el empleo y la ocupación son temas de especial importancia, ya que sólo un tercio de la población tiene un empleo formal, mientras que dos terceras partes se encuentran en un esquema informal.
Dijo que 57 por ciento de la población está en ese sector, pues aunque cuando trabaje en una empresa formal, ésta no lo registra en el sistema de seguridad social.
Enseguida, Rosa Patricia Román Reyes, de la Sociedad Mexicana de Demografía, expresó que México pasó de una política social centralizada en derechos sociales, con carácter universal y basada en el principio de justicia social, a una de combate a la pobreza, donde la vulnerabilidad y la exclusión social forman parte de la vida cotidiana.
Explicó que el diseño de las políticas públicas debe ir de la mano con la academia para lo cual se debe construir un modelo de política pública con procesos de desarrollo social y no sólo de compensación social.
Al iniciar los trabajos de la Mesa 2 “Presupuesto Público y Evaluación de la Política Social, (análisis regional)”, Jorge Diez de Sollano, director de Planeación, del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), indicó que el reto es superar la pobreza y evitar más población en esa situación, para lo cual se debe impulsar la economía social.
Consideró indispensable apoyar proyectos que permitan “pasar de la changarrización a la construcción de capacidades productivas”.
A su vez, Adolfo Sánchez Almanza, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dijo que el crecimiento económico no es suficiente para enfrentar la desigualdad y la pobreza; se requieren políticas afirmativas para la redistribución del ingreso y mejorar la calidad de vida.
Para combatir la pobreza, consideró necesario conciliar los marcos jurídicos normativos de los tres órdenes de gobierno para atender el bienestar de la población en un mismo territorio y promover modelos alternativos de economía social y subsidiaria de desarrollo local y microregional.
Del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Gabriela Ponce Sernicharo dijo que en contextos de crisis recurrentes y profundas la educación deja de funcionar como vía de movilidad social y generadora de igualdad de oportunidades.
Señaló la importancia de los programas de apoyo a jefas de hogar y adultos mayores, pues son los que albergan más a esta población y son los que menor número de perceptores tienen. Además, cuestionó políticas públicas en que la pequeña y micro empresa son las más vulnerables a los cambios económicos.
El Auditor Especial de Desempeño, de la Auditoría Superior de la Federación, Roberto Salcedo Aquino, afirmó que desde hace 21 años en México hay una política centrada en el desarrollo humano, que ha permitido que las enfermedades transmisibles pasaran de representar el 80 por ciento de la mortalidad, al 25 por ciento, y la desnutrición disminuyera 83 por ciento, al bajar de 6 de cada 100 niños a 1 de cada 100.
Actualmente, “los pobres están mejor educados y poseen mejor calidad en su salud y alimentación, “pero las políticas de inclusión no tienen resultados significativos y se ha eliminado el objetivo de romper el ciclo intergeneracional de la pobreza”.
