En el “Foro sobre Desaparición Forzada de Personas”, Alonso Raya, afirmó que deberían ser los órganos relacionados con la seguridad y la procuración e impartición de justicia, los que cumplan con su papel para que la desaparición forzada no le suceda a nadie.
Consideró que en cualquier caso quien sea detenido por algún posible delito, se debe saber dónde está y a dónde lo llevan para tener claridad sobre este asunto como cualquier otro ciudadano o funcionario que cometa algún ilícito.
“Todos conocemos de lamentables casos en los que se les ha privado de la libertad y los familiares nunca pueden volver a encontrarse. Es vivir totalmente en la incertidumbre y es ir matando lentamente a las familias ante una situación tan grave como ésta, y se vuelve más grave con la complicidad, en muchos de los casos, de las autoridades”, dijo.
El legislador subrayó que el crimen y la delincuencia organizada no podrían existir si funcionaran adecuadamente las instituciones del Estado y los aparatos de inteligencia y de seguridad, y si se combatiera la impunidad.
El diputado José Luis Esquivel Zalpa (PRD), promovente del foro, señaló que hasta el momento sólo tres estados de la República cuentan con una legislación sobre desaparición forzada que son Querétaro, Nuevo León y Coahuila.
Refirió que el pasado 11 de diciembre presentó una iniciativa para modificar el Código Penal Federal para puntualizar la imprescriptibilidad de este delito y considerarlo como de lesa humanidad.
Asimismo, modificar el tipo penal, para establecer que la desaparición forzada de personas puede ser cometida tanto por funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno como por particulares con orden, autorización o apoyo de agentes del Estado.
Además, modificar las penas actuales para establecer que a quien cometa este delito se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y multa de 30 mil a 50 mil días de salario mínimo vigente, además de la destitución e inhabilitación definitiva a ejercer un cargo, empleo o comisión en la administración pública federal.
Esquivel Zalpa informó que el 21 de febrero de 2013, la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que el subsecretario anterior hizo entrega de una base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la delincuencia de la PGR que contiene una lista de más de 27 mil casos de desapariciones de este tipo.
Añadió que ninguna persona está consignada ni sentenciada por el delito de desaparición forzada de personas; son manejados como simples secuestros, extravíos o privación ilegal de la libertad, “cuando en realidad son casos de desaparición forzada debido a la intervención directa o indirecta y por acción u omisión de funcionarios públicos”.
“De esta forma, los delitos de desaparición de personas quedan en su mayoría no resueltos y los responsables no se encuentran o no se castigan”, enfatizó.
El diputado mencionó que en nuestro país existen casos como el de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa donde a pesar de que han sido detenidas 80 personas, no se ha encontrado a los estudiantes. Los detenidos únicamente enfrentan cargos por secuestro, y delincuencia organizada, pero ninguno por el delito de desaparición forzada de personas.
La encargada del despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la PGR, Eliana García Laguna, dijo que hay 23 entidades federativas que establecen en sus códigos penales la desaparición forzada, 3 tienen leyes específicas: Chiapas, Guerrero y Querétaro y sólo 6 no tienen ningún tipo penal referente al caso.
Por ello, enfatizó, es importante generar una legislación nacional que obligue a todas las autoridades de las entidades federativas a trabajar la investigación de la desaparición, como lo señalan los estándares internacionales.
Expresó que actualmente hay 23 mil 271 personas reportadas como desaparecidas, no localizadas y extraviadas; sin embargo, resaltó, se requiere un gran trabajo de depuración, de filtro y sistematización para que pueda ser considerado un registro nacional confiable.
Detalló que no existe un registro que contenga huellas dactilares de menores; se tiene que construir, a fin de que sea parte de una cédula de identificación de las personas.
Informó que se trabaja en el fortalecimiento de capacidades forenses y periciales a partir de las masacres de San Fernando 1 y 2 en Tamaulipas, y de restos que encontraron en Cadereyta, Nuevo León. A partir de ahí, resaltó, el 22 de agosto 2013 se firmó un convenio para la creación de una comisión forense y una adenda por parte de la Procuraduría de Tamaulipas y de Nuevo León que tiene como misión la identificación de los restos de esas masacres.
Resaltó que la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la PGR busca, en colaboración con las procuradurías de los estados, a 621 personas desaparecidas en Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Estado de México y el Distrito Federal, de las cuales 520 son hombres y 101 son mujeres; el rango de edad se encuentra entre los 19 y 53 años y el perfil de la mayoría son estudiantes y comerciantes.
Señaló que hasta el viernes pasado se había encontrado a 102 personas, de las cuales 72 están con vida y 30 fallecieron; se localizaron en el Distrito Federal, Guerrero y el Estado de México; 61 desaparecieron en el 2013 y 23 en el 2014.
Afirmó que de las personas que se han localizado, 17 casos fueron por autoridades locales y federales y 85 fueron desapariciones involuntarias.
Subrayó que la fecha de registro de las desapariciones data del 2003; sin embargo, las averiguaciones se abrieron a partir del 2013.
Eliana García Laguna explicó que la PGR tiene como marco legal la Constitución y la Ley de Protección de Datos Personales, es decir, la secrecía de las averiguaciones previas. Es obligación de la Procuraduría proteger la información de familiares de personas desaparecidas, sostuvo.
En su intervención, Yolanda Mora Isaías, coordinadora general de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem) dijo que México no cuenta con protocolos ni mecanismos efectivos de búsqueda, tampoco con suficiente personal criminalístico, pericial y forense, aunado a que no existe una base de datos confiable, por lo que solicitó a la Cámara de Diputados pida copia de los expedientes ya cerrados.
“Son insuficientes los esfuerzos para encontrar a nuestros desaparecidos que actualmente suman más de 27 mil, no son sólo los 42 de Ayotzinapa, por lo que exigimos llamar a cuentas a las autoridades responsables, para que den resultados en una búsqueda efectiva de las víctimas”.
El coordinador de familiares de desaparecidos de Fundem, Víctor Rolón Rodríguez, indicó que los obstáculos a los que se enfrentan familiares de las víctimas por desaparición son corrupción, estigmatización de los afectados, la ineficiencia en la creación de mecanismos confiables de búsqueda, así como reformas al Código Penal y a la Constitución para prohibir las desapariciones y esclarecerlas, así como someter a un proceso penal a los responsables.
En su intervención, el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Adafem), Julio Mata Montiel, coincidió en que no existe una ley que sancione ni mucho menos que prevenga el delito de desaparición forzada; hace falta un marco jurídico que prevenga este delito, así como garantizar la búsqueda y protección de las víctimas.
El también vocal de comunicación de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Fedefam), indicó que durante los años sesentas y ochentas se registraron más de mil desapariciones forzadas cometidas por el Ejército mexicano y la “brigada blanca”, mientras que “en el sexenio actual se registran más de 27 mil desapariciones, de los que no se ha dado cuenta de su paradero”.
Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional, Sección México urgió a la Cámara de Diputados a elaborar un marco jurídico que atienda este delito y se plasmen en políticas públicas transversales con planes de búsqueda que eviten acciones aisladas como hasta ahora, porque el Estado mexicano tiene una deuda histórica con la verdad, la justicia y la honestidad desde la década de los 60s hasta ahora en materia de desaparición forzada.
Cuestionó las estadísticas de la PGR al sostener que de 600 investigaciones de más de 20 mil, sólo 17 son desapariciones forzadas. Destacó que se requiere una Ley General de Desaparición Forzada y reformas al código penal que impidan la prescripción. El Congreso de la Unión debe tener el rol de peso y contrapeso, “no sólo aprobar una ley y luego desentenderse sino vigilar que se cumpla, así como llamar a los funcionarios a rendir cuentas sobre la aplicación de la reforma, porque mientras no se castigue no habrá un cambio efectivo en los esquemas”, sostuvo.
Claudia Cruz Santiago, directora ejecutiva del Instituto de Acción Ciudadana para la Democracia y la Justicia, afirmó que la desaparición forzada debe tipificarse como un delito de lesa humanidad. Refirió la importancia del acompañamiento que realizan las asociaciones de la sociedad civil a los familiares de las víctimas, para evitar abusos por parte de autoridades ministeriales.
Propuso que se elabore una iniciativa para que este tipo de organizaciones se convierta como ofendidas de este delito al igual que la familia, a fin de que accedan a todo el proceso judicial de investigación y fortalezcan el acompañamiento hasta lograr la reparación del daño.
En su participación, Agustín Lara Godoy, director general del programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicó que es fundamental que las autoridades esclarezcan las desapariciones a través de una coordinación institucional entre las diversas autoridades del Estado mexicano.
Consideró necesario crear una base de datos actualizada y con información correctamente estructurada, y destacó que a través de un sistema eficiente, se podrá combatir la impunidad que gira en torno a ese delito.
