La presidenta de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN), destacó la importancia de este encuentro inicial con procuradores, fiscales y titulares de comisiones de Derechos Humanos de los estados de la República, para que den cuenta del tratamiento jurídico que están dando a los procesos vinculados a agresiones en contra de ese gremio.
“Nos interesa que todos los casos se resuelvan”; por ello, se conjunta toda la información posible al respecto, a fin de conocer los avances, a través de las diversas reuniones con dichos funcionarios, precisó.
Velázquez Valdez solicitó a los funcionarios del Estado de México, encabezados por Germán Adolfo Castillo Banuet, fiscal central Jurídico y de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia, los avances de las denuncias presentadas por la reportera Iris Mabel Velázquez y por el asesinato del fotógrafo Mario Delgadillo Ramos.
Refirió que para fortalecer la seguridad a periodistas y medios de comunicación ya se han presentado iniciativas como la que crea una ley general para proteger a periodistas, propuesta completa que está en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, donde se promoverá que se dictamine lo más pronto posible.
Además, “vamos a seguir trabajando en foros de consulta, donde participarán periodistas para fortalecer el tema y no haya más agresiones”, señaló la legisladora por Nuevo León.
En virtud de que existen entidades neurálgicas como Veracruz, se agendarán reuniones semanales con los titulares de procuración de justicia estatales.
El diputado César Augusto Rendón García (PAN) reconoció la relevancia del trabajo de la Comisión Especial para conocer los hechos delictivos en contra de los periodistas. “Es un parteaguas porque alienta la rendición de cuentas de los diversos funcionarios judiciales estatales en torno a las investigaciones”.
Subrayó que “tanto los periodistas como los ciudadanos estamos en un frente de batalla, porque nuestro mayor temor fue estar en el lugar y momento equivocados durante balaceras, secuestros, extorsiones, cobros de piso, delitos que han venido a menos, gracias a la colaboración entre los tres órdenes de gobierno”, subrayó.
Aseguró que se observa una mejoría en los dispositivos de seguridad en la Tamaulipas, derivado de la coordinación y presencia de las Fuerzas Armadas.
La diputada del PRD, Cristina García Bravo, refirió que del 2000 al presente año, Tamaulipas, ocupa el segundo lugar en asesinatos de periodistas, con 13 casos. Con este índice ¿tienen alguna estrategia en especial, porque es muy alto?, cuestionó al funcionario de gobierno de esa entidad.
Afirmó que es alarmante que en 82 por ciento de los casos de delitos contra periodistas estén vinculados con servidores públicos. ¿Eso se debe a la presencia del crimen organizado o es negligencia de los funcionarios? ¿Qué tanto es cierto de que hay colusión?, preguntó.
Por Morena, el legislador Virgilio Caballero Pedraza preguntó por qué no se han resuelto los casos de periodistas asesinados en México. Solicitó a las autoridades judiciales la presentación de tres casos en que sí se hayan resuelto e identificado a los responsables de delitos en contra de periodistas.
La Organización Internacional de Defensa de Periodistas ha identificado en sus investigaciones que “en el 82 por ciento de esos asesinatos están involucrados funcionarios de gobiernos locales o estatales, y en esa relación se encuentra la solución de esos delitos”.
Por Movimiento Ciudadano, la diputada Candelaria Ochoa Avalos comentó la incidencia de delitos en contra de profesionales de la comunicación, con lo que se ha llegado a un récord, especialmente en Veracruz.
Solicitó a la Comisión Especial pedir al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), “un listado completo de periodistas asesinados por entidades y el estatus de las investigaciones, porque la gran mayoría de estos delitos se considera del fuero común, como el robo del auto o asalto, cuando en realidad sabemos que muchos de estos casos son por la función periodística que ejercen”.
Es necesario que los diputados nos reunamos con el fiscal especial, y funcionarios de procuración de justicia de todas las entidades del país, planteó.
Al dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, el procurador General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, señaló desconocer si la entidad ocupa el segundo lugar en asesinatos de periodistas; la realidad, es el alto nivel en la incidencia de homicidios, al identificarse tres municipios en el estado, de los 50, de atención prioritaria en materia de inseguridad.
Se ha formado el Grupo de Coordinación Tamaulipas en la nueva administración estatal, para reforzar la colaboración con la Federación, cambiando la estrategia de seguridad pública, con mayor presencia de elementos de la Defensa Nacional, Marina y la Policía Federal, además de fortalecerse la capacitación en las corporaciones, con lo que se avanza en una mayor prevención de delito en las calles.
En cuanto a delitos contra el gremio periodístico, indicó que se tienen siete denuncias: cinco en contra de la libertad de expresión y dos casos de profesionistas que sufren distintas amenazas aisladas a través de redes sociales, los cuales por considerarlas graves han solicitado personal de seguridad para protegerlos.
Comentó que las denuncias presentadas por periodistas o medios de comunicación se refieren en su mayoría a robo de autos, es decir, del fuero común.
Resaltó la especialización de ministerios públicos en delitos perpetrados en contra de periodistas, así como la propuesta para crear la fiscalía en la materia, la cual se encuentra en el congreso local para ser aprobada.
Germán Adolfo Castillo Banuet, fiscal central Jurídico y de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, aseguró que no se desconoce la problemática que aqueja al gremio periodístico; resaltó la importancia de que los ministerios públicos sean autónomos del poder político y con la creación de la fiscalía, se dio el primer paso para lograr una verdadera depuración que contribuya a reorganizar a dichos profesionales y a la ciudadanía.
Reconoció siete casos relacionados a delitos contra periodistas, en los cuales existe una línea de investigación clara vinculada con esa actividad y, dos más, donde se verificó la participación de servidores públicos en los delitos, como fueron los hechos denunciados por la reportera Iris Mabel Velázquez, donde se sancionó al fiscal, debido a que no atendió de forma inmediata la petición hecha por la periodista. Se le retiró de su cargo y aplicó una sanción administrativa.
Todas las denuncias presentadas por el gremio se indagan aunque sean del fuero común, señaló.
Destacó la importancia de que periodistas y medios de comunicación colaboren con las autoridades en las indagatorias judiciales, a fin de que se logren resultados más rápidos y certeros; se tiene que hacer un esfuerzo mayor con ese propósito.
Cuauhtémoc Ortega Nila, director general de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, refirió que se han otorgado medidas de seguridad a través de un botón de pánico con una aplicación en celulares para activar alarmas.
