Resaltó que generalmente las adopciones no se realizan dando prioridad al interés superior de la niñez, ya que los requisitos impuestos y los procedimientos empleados no son suficientes para prevenir las prácticas deshonestas, lo que da lugar a delitos como el secuestro y la trata de menores, sumada a prácticas corruptas que implican la falsificación de documentos y el soborno.
La integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez, explicó que la iniciativa tiene el objetivo primordial de garantizar los derechos más elementales de la niñez de nuestro país, definiendo con claridad las vías y mecanismos específicos bajo los cuales habrá de resolverse la adopción en el país, erradicando con ello cualquier actividad dolosa que intervenga de manera negativa en el proceso.
Indicó que el marco jurídico en materia de adopción ha sufrido diversas transformaciones; actualmente, cada estado legisla de manera diversa en virtud de que el derecho a la familia es materia local. Por ello, dijo, se requiere armonizar la legislación (de cada entidad), para que la adopción cumpla con el interés prioritario de proteger y mejorar la calidad de vida de las y los niños mexicanos.
Detalló que la adopción ha sido reconocida como una medida de protección para los niños privados de un medio familiar, pero ante todo es la posibilidad de garantizar los derechos más elementales del menor que, por diferentes causas, ha crecido con carencias afectivas y materiales.
Mencionó que organismos internacionales han ejecutado acciones para incentivar la adopción, ponderando siempre el interés superior de la niñez por encima de la intención de los adoptantes a satisfacer su deseo de paternidad.
Al respecto, explicó, la Convención sobre los Derechos del Niño, que orienta las labores del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), establece claramente que todos los niños tienen derecho a crecer en un entorno familiar y, en la medida de lo posible, a conocer a sus familias y a ser criados por ellas.
Solamente cuando la familia no pueda o no quiera criar a la niña o niño, a pesar de contar con acceso a una ayuda, se deberán buscar soluciones adecuadas y basadas en la integración del niño a una familia estable.
Para ello, Unicef apoya las adopciones que se realizan de conformidad con las normas y principios del Convenio de La Haya, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993, cuyo objetivo es garantizar que los procesos de adopción sean adecuados y honestos, mediante el establecimiento de obligaciones de las autoridades de los países de origen de los infantes, así como las naciones que los recibirán.
Actualmente, señaló la legisladora, existen prácticas ilegales en los procesos de adopción, donde se ponderan intereses personales e incluso económicos, por encima de los intereses de los adoptados.
Las adopciones, agregó, deben hacerse a través de procesos lícitos, transparentes y que no supongan la explotación de los niños, niñas y familias involucrados en los mismos; sin embargo, generalmente, no es así.
