Fijaron su posición en una reunión de trabajo sobre ese caso con los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé; de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo Armenta, y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal.
Los legisladores integran la Tercera Comisión, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas).
El senador Ricardo Urzúa Rivera (PRI) subrayó que el fraude de la sociedad financiera Ficrea no debe ser utilizado para generar desestabilización en el Sistema Financiero Mexicano, “en virtud que desde el Congreso de la Unión, hemos fortalecido el marco jurídico para la regulación de estas sociedades”.
“Sabemos que Ficrea constantemente ocultaba y alteraba información, complicando el trabajo de las autoridades financieras. No obstante a ello, hasta el momento dichas autoridades han actuado con objetividad, responsabilidad y legalidad”, afirmó.
Comentó que las instituciones financieras y judiciales no han tomado decisiones irresponsables, ya que antes de la intervención se contrató un auditor externo para llevar a cabo un estudio técnico, a través del cual se determinó la disolución y liquidación de la sociedad.
El senador Javier Lozano Alarcón (PAN) se pronunció porque las autoridades recuperen a la brevedad el mayor número de activos de la sociedad para liquidarlos y entregar a los ahorradores defraudados el total de sus recursos.
Manifestó la necesidad de modificar la Ley de Ahorro y Crédito Popular para prevenir casos similares, dar mejores instrumentos de supervisión y vigilancia, acción y sanción a las autoridades financieras, y para que los montos de los seguros de depósito cubran más de los 25 mil UDIS actuales.
Asimismo, exigió que se castigue a los responsables del fraude y a quienes, por acción u omisión, tuvieron algo que ver con el caso.
La senadora Dolores Padierna Luna (PRD) consideró que el caso de Ficrea es un claro ejemplo de falta de regulación y supervisión por parte de las instituciones del sistema financiero mexicano, así como de respuesta tardía.
“No hay una capacidad preventiva para evitar los fraudes de los intermediaros financieros, sólo se reacciona ante fraudes consumados”, indicó.
Sostuvo que “los verdaderos responsables del fraude en Ficrea son los reguladores y los supervisores del sistema financiero mexicano, muy especialmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.
Cuestionó cómo fue posible que en cinco años ninguna autoridad se diera cuenta de que esta sociedad operaba en forma fraudulenta y opinó que “se tiene que monetizar a los ahorradores; desde luego hacer uso del seguro, y regresarles su dinero al 100 por ciento”.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM) señaló que el caso Ficrea obliga a los legisladores a revisar las leyes vigentes para corregir deficiencias y evitar perjuicios futuros a los ahorradores del país, en especial los montos de los seguros de depósito de las sociedades financieras y un alza en las multas.
“Tenemos que ver de qué manera les damos mejores facultades a las instituciones para que puedan llevar a cabo su papel de manera más oportuna y que, además, tengan herramientas para sancionar de manera más eficaz este tipo de agentes para que se inhiba este tipo de prácticas”, puntualizó.
Agregó que también se debe de dotar de mayores facultades a la Condusef, para que pueda actuar de manera más eficaz en beneficio de los ahorradores, y que las autoridades correspondientes “puedan atajar de golpe este tipo de problemas”.
