Avalado en lo general y particular por 366 votos a favor, 2 en contra y 32 abstenciones y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, indica que en tales casos, se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, y hasta 200 días multa, al que discrimine por razones de culto o discapacidad.
El documento refiere a la discriminación religiosa y por discapacidad como un problema social que afecta la pacífica convivencia entre ciudadanos, en las ciudades y en comunidades rurales, principalmente indígenas.
Precisa que el 89.3 por ciento de la población mexicana practica la religión católica, 10.7 por ciento pertenece a otros cultos y 4.9 por ciento de la población no practica ningún credo, y a pesar de que la Constitución vela por la no discriminación, en el país se presentan situaciones de exclusión social por diferencias dogmáticas.
Se hace referencia a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta la existencia de evidencias de intolerancia religiosa, cuyas expresiones más violentas se presentan fundamentalmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Revela que seis de cada 10 familias en esas entidades, huyen de sus hogares para evitar agresiones por conflictos religiosos. En Chiapas, por ejemplo, las personas sobreviven con el apoyo de los integrantes de sus congregaciones, pues no son reconocidas ni reciben ayuda del gobierno estatal.
Respecto al dictamen, el diputado Ramón Bañales Arámbula (PRI), destacó que la reforma al Código Penal busca prohibir toda acción discriminatoria o de violencia de cualquier tipo a una persona en razón de sus creencias religiosas o discapacidades físicas.
“Todos somos iguales ante la ley y la justicia debe ser impartida sin mirar las características del receptor; por ello, aprobar el dictamen representa combatir actos de intolerancia y dolencia contra cualquier ciudadano”.
“La reforma armoniza el Código con el artículo 1 de la Constitución. Actualmente se sancionan casi todas las conductas discriminatorias pero se omitían aquellas a causa de creencias dogmáticas y discapacidades”, reiteró.
Del Partido Encuentro Social, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, celebró la incorporación en el tipo penal de “algo que se había dejado olvidado. Hasta el día de hoy, no se contemplaba la discriminación religiosa ni por discapacidad en el Código Penal”.
Increíblemente “nuestro Código no había querido aceptar una cruenta y triste realidad: que miles de mexicanos son perseguidos por motivos religiosos. A lo largo de varias décadas han sido despojados de sus posesiones por el único delito de no ser parte de la mayoría creyente del país”, comentó.
La diputada Karina Sánchez Ruiz (Nueva Alianza) refirió que la intolerancia religiosa va de la mano con la discriminación y sucede principalmente contra menorías indígenas. “En nuestro grupo parlamentario rechazamos cualquier tipo de discriminación y nos pronunciamos por el Estado de derecho”.
Las persecuciones por motivos de credo ocasionan expulsión, encarcelamiento y desplazamiento de cientos de familias; además, hostigamiento, lesiones e inclusive, asesinatos. “Tenemos que comprometernos a respetar y garantizar a cada persona la posibilidad de creer y expresar sus propios dogmas, sin menoscabo de su integridad física o social”.
De Movimiento Ciudadano, Jonadab Martínez García, consideró que el dictamen beneficia a millones de personas que, en nuestro país, profesan una religión distinta a la ejercida por la mayoría de la población.
Consideró que las reformas propiciarán la inclusión de personas con discapacidad y velará por sus derechos. “Hay muchos mexicanos que todos los días se ven violentados y agredidos en sus garantías y libertades por padecer o vivir con alguna inhabilidad”.
El diputado Jorge Tello López (Morena) refirió que las víctimas de discriminación sufren daños físicos o emocionales, además de que lastima a la sociedad en su conjunto, pues genera división, odio y encono entre sus integrantes.
Chiapas, Oaxaca y Guerrero son algunas entidades donde se presenta con mayor frecuencia la persecución por motivos religiosos. “Muchas víctimas son desplazadas con violencia de sus lugares de origen, sólo por profesar determinada religión”, indicó.
Lía Limón García, del PVEM, consideró que la barrera para personas con discapacidad trae consecuencias graves, se les margina y rechaza. “Es fundamental trabajar en la inclusión, entendiendo que con ello se enriquece nuestra sociedad”.
Resaltó que hay recomendaciones importantes a partir de la evaluación de la Convención Internacional en Materia de Discapacidad, pendientes de atender por el Estado mexicano. “La reforma, sin duda, es un paso que nos permite avanzar en ese sentido”.
Del PRD, el diputado Diego Valente Valera Fuentes comentó que la intolerancia religiosa ha generado al paso de los años las más grandes batallas en la historia de la humanidad. “Hoy en Chiapas, mayormente en comunidades indígenas, familias enteras son desplazadas y expulsadas por la simple razón de pensar diferente”.
Afirmó que se debe sancionar a quien atente contra la dignidad humana. Es imperante respetar, tolerar y defender todas las libertades y procurar la justicia y orden social.
El diputado del PAN, José Hernán Cortés Berumen, señaló que el tema de la no discriminación ya está consagrado como un derecho constitucional, pero había una inconsistencia: no había sanción clara para aquellos que discriminaran en materia religiosa y de discapacidad.
Consideró importante entender que la no discriminación es fundamental para el buen desarrollo de la sociedad, y todos tenemos que contribuir a ello. “El respeto y la tolerancia tiene que observarse en todas las direcciones y para todos los que habitamos esta gran nación”.
Erik Alejandro Lagos Hernández, diputado del PRI, comentó que es indispensable promover la inclusión y combatir toda manifestación de discriminación, pues “la pluralidad es la madre de la democracia”.
Actualmente, el artículo 149 Ter del Código Penal Federal no contempla la religión ni las discapacidades como causales de discriminación. “Aprobar este dictamen, ahora, servirá para aplicar sanciones a quienes atenten contra la dignidad humana y libertades de las personas”.
Al pronunciarse a favor del dictamen, la diputada Maricela Contreras Julián (PRD) dijo que condena todo acto de intolerancia religiosa, pero también se debe estar a favor de un Estado laico.
“Reconocemos la voluntad que han tenido las Comisiones de Justicia y Gobernación para presentar la adenda al dictamen. Consideramos que es necesaria para no dejar abierta la puerta para romper el carácter del Estado laico mexicano”, comentó.
Previo a la votación, se presentó una adenda al dictamen, por lo que el tercer párrafo de la fracción III del artículo 149 Ter debe decir: “no serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos y las que garantice el Estado laico, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
