En tribuna de la Diputación Permanente, el diputado Raúl Flores, a nombre del legislador Víctor Hugo Romo Guerra, informó que también se pidió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal establezca un seguimiento específico sobre este caso y la posible comisión de delitos por parte de servidores públicos de la delegación Miguel Hidalgo.
“El gobierno puede legalmente pagar costos mayores a los precios disponibles para el público general en el mercado, pero comprar impresos a un 300% más a la empresa Medios Publicitarios Impresión y Arte, es abusar del ejercicio público”, refiere el texto aprobado del legislador Víctor Romo.
Agrega que este hecho “no sólo estriba en el desfalco e irresponsabilidad en el manejo del dinero público, sino en la ligereza e irresponsabilidad, por no decir desfachatez, con la que se busca justificar la incapacidad administrativa de esa delegación”.
Recordó que el 30 de diciembre 2015 la delegación Miguel Hidalgo celebró un contrato con la empresa mencionada, firmado por los directores de Administración, Esteban Fernández; de Recursos Materiales, Rodolfo Flores Luna; el jefe de Unidad de Licitaciones y Concursos, Antonio Romero, y el entonces responsable de Comunicación Social, Sergio Javier Jiménez.
El servicio contratado –explica- fue la compra e impresión de lonas, volantes, dípticos, entre otros materiales impresos, que en suma costaron más de 397 mil pesos y, de acuerdo con una nota publicada por un periódico de circulación nacional el 24 de febrero pasado, los materiales fueron adquiridos entre 300 y 500 por ciento más caros que su costo en cualquier otro negocio de artículos de impresión.
Señaló que a lo anterior se suma la denuncia ventilada la semana pasada por otro medio de comunicación, contra la misma delegada Xóchitl Gálvez, que puso al descubierto otro contrato por más de 8 millones de pesos por la compra con sobreprecio de hasta 600 por ciento de instrumentos musicales, lo que derivó en la cancelación de la operación.
“El fondo del problema es que es evidente que en la actual administración de la delegación Miguel Hidalgo no hay cuidado ni planeación en el ejercicio del gasto”, subrayó.
Recalca que la jefa delegacional buscó justificar inmediatez en la compra y entrega de los materiales, pero esto no “es pretexto para aceptar sobreprecios de hasta 20 veces más por encima del valor de las cosas en el mercado, hacerlo sólo indica negligencia, despilfarro o deshonestidad en el uso y manejo del erario”.
El punto de acuerdo fue aprobado por los grupos parlamentarios, incluyendo el voto a favor del Partido Acción Nacional (PAN) y fue turnado a la Contraloría General de la Ciudad de México y a la Procuraduría General de Justicia local para iniciar las averiguaciones correspondientes.
