Por lo anterior, hizo un llamado al Poder Ejecutivo y a la iniciativa privada, para buscar cuanto antes mesas de diálogo en las que participen los integrantes del Poder Legislativo, para realizar un análisis meticuloso de la situación y buscar nuevas medidas de asistencia para estos grupos vulnerables.
La legisladora por Acción Nacional destacó que es momento de enviar un mensaje claro al Presidente Trump de la capacidad institucional de México y de contrarrestar el efecto de sus políticas con acciones tangibles que procuren la defensa de los mexicanos que radican en la Unión Americana.
Aseguró que en el caso particular del nuevo plan del Gobierno norteamericano en materia de migración ilegal, que de acuerdo a distintas fuentes estará encabezado por el Departamento de Seguridad Nacional, el Estado mexicano está obligado a explorar opciones integrales de protección que contemplen desde la defensa jurídica de sus derechos humanos, hasta su reintegración al mercado laboral y la posibilidad de acceder a los distintos programas de bienestar vigentes en territorio nacional.
La también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores precisó que a pesar de la negativa de las autoridades norteamericanas para brindar detalles sobre dicho esquema de seguridad, fuentes periodísticas del vecino país del norte señalan que ya están en marcha lineamientos más estrictos por parte de los agentes migratorios, así como una estrategia de coordinación policial para aumentar las detenciones y deportaciones de migrantes.
Ello, señaló, debe encender una alerta inmediata para las instituciones mexicanas en su conjunto, para construir una plataforma que permita dar atención a los mexicanos que enfrenten procesos de esta naturaleza.
La legisladora del blanquiazul recordó que durante el primer mes de este año y de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), fueron deportados por las autoridades de Estados Unidos un total de doce mil 447 connacionales y añadió que cálculos de la Cancillería estiman que existen más de 5.7 millones de connacionales cuyo estatus podría ser sometido a revisión.
En este sentido, aseguró que la iniciativa para expedir una nueva Ley General de Migración de Retorno, que dará a conocer esta semana, busca abonar a la protección de esos mexicanos y representa un esfuerzo para atender de forma integral una problemática que no considera el marco legislativo vigente.
