Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rindió su Informe Anual de Actividades 2016, en donde menciona que casos como los de Tlatlaya, Iguala, Apatzingán o Tanhuato “han modificado la percepción general e histórica de los derechos humanos en nuestro país”.
Explicó que “son asuntos complejos que por su propia naturaleza requieren que su investigación cumpla con atributos de objetividad, imparcialidad, exhaustividad y credibilidad. Su esclarecimiento exige trascender la mera denuncia, para llegar a resoluciones claras, objetivas e integrales que estén sustentadas en elementos concretos desprendidos de una investigación científica de los hechos”.
Indicó que el informe pone a prueba a las Instituciones, incluida la CNDH, y evidencia carencias, profundas desigualdades y falta de oportunidades y de respuesta de autoridades de los tres niveles de gobierno a diversas problemáticas sociales.
En el Salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados, el ombudsman nacional afirmó que, en 2016, México atravesó una coyuntura crítica de inseguridad, violencia, desigualdad, pobreza y exclusión, así como debilidad del Estado de derecho y falta de un acceso real a la justicia.
En ese año, precisó, 61 mil 661 personas acudieron a la CNDH por estimar violentados sus derechos fundamentales a causa de algún acto de autoridad, y se inició el trámite de 25 mil 233 expedientes.
Además, este organismo presentó 50 denuncias por responsabilidad penal y 92 por responsabilidad administrativa de servidores públicos, y se impusieron a éstos 110 sanciones administrativas.
Recordó a los legisladores que “hace un año la CNDH destacó la necesidad de concluir los procesos legislativos y expedir las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; las reglamentarias de los artículos 29 y 33 Constitucionales, así como la armonización normativa para que los organismos de derechos humanos locales gocen de los recursos y capacidades necesarias para el desempeño de sus funciones”.
Subrayó que por la vigencia de los derechos humanos y por la necesidad de que la verdad y la justicia lleguen a las víctimas, “debemos exigirnos que estos pendientes se resuelvan este año”.
Consideró que en la agenda pública de 2017, la atención a los problemas de seguridad debe ser prioridad, lo cual requiere abarcar, con objetividad y responsabilidad, la atención de los elementos y factores que inciden en los mismos.
Al respecto, refirió que la discusión sobre el marco normativo aplicable a las tareas que con carácter extraordinario – desde hace una década – realizan las Fuerzas Armadas, resulta relevante pero no implica, por sí misma, la solución a la inseguridad y violencia que nuestro país enfrenta.
Comentó que la formación y capacitación de policías; la inteligencia financiera e investigación patrimonial y el fortalecimiento de la prevención, así como la necesidad de revisar y replantear nuestro sistema penitenciario, son algunos de los factores que se deben atender de manera adicional a una ley sobre seguridad nacional o interior, misma que deberá formularse bajo una perspectiva de derechos humanos.
González Pérez sostuvo que “no podemos permanecer impasibles cuando advertimos complicidad y vínculos entre algunas autoridades y delincuentes; cuando aquellas (que) tienen que actuar para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica, no cumplen con tal obligación o pretenden delegarla en otros”.
Por otro lado, señaló que la prevención debe ser una prioridad para familias, autoridades escolares y los gobiernos. “Hechos tan lamentables como los ocurridos recientemente en el estado de Nuevo León nos demuestran una realidad que requiere atención en aspectos tales como el acoso escolar, los problemas de depresión de niñas, niños y adolescentes, así como una regulación más completa y estricta para la posesión de armas”.
Sostuvo que las armas en las casas, no obstante que sean legales, no son la solución a los problemas de inseguridad. “Estas deben ser controladas y debidamente resguardadas por sus poseedores. El Estado es quien debe cumplir con la responsabilidad de proteger a sus gobernados y evitar que las personas ejerzan justicia por propia mano”, comentó.
Asimismo, informó que, durante 2016, la CNDH emitió 72 Recomendaciones, dirigidas a 55 autoridades, lo cual significó un aumento del 20 por ciento frente a lo registrado en 2015.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron las autoridades destinatarias del mayor número de recomendaciones.
Dichas sugerencias, explicó, fueron diversas y abarcaron casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, violencia obstétrica, indebida prestación de servicios médicos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión y afectaciones a los derechos de las personas en contexto de migración.
Del conjunto de recomendaciones emitidas, denunció, sólo dos han sido cumplidas en su totalidad, 54 tienen pruebas de cumplimiento parcial y 14 han sido aceptadas, sin que se tengan pruebas de cumplimiento.
Finalmente, dio a conocer que la CNDH promovió 30 acciones de inconstitucionalidad, con lo cual busca hacer visibles los riesgos que algunas normas pueden representar contra el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, y contribuir a mejorar el sistema legal del país.
