En particular, demandó aprehenderlos, someterlos a juicio y recuperar los recursos sustraídos indebidamente durante ambos gobiernos pues, literalmente, sus actuaciones rayaron en lo criminal.
El perredista consideró que la renuncia de Herrera Beltrán no es, ni de lejos, suficiente castigo para un presunto delincuente de su calaña, pues aun cuando él adjetive como “infundadas” las acusaciones de falsear tratamientos médicos para niños con cáncer durante su gestión, lo cierto es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso denuncias en su contra por saqueo a las finanzas públicas estatales por lo menos desde 2014.
El también coordinador de Proceso Legislativo y Jurídico del GPPRD en la Cámara de Diputados, señaló que tanto los gobiernos de Herrera Beltrán como el de su sucesor Duarte de Ochoa –quien además fue su Secretario de Finanzas- simularon el reintegro de miles de millones de pesos tras recibir observaciones y requerimientos de la ASF.
Los sectores con más observaciones, recomendaciones y denuncias por irregularidades en ambos gobiernos fueron precisamente las relacionadas con salud, educación y comunicaciones.
Si bien la mayoría de la veintena de denuncias fueron contra el gobierno de Duarte de Ochoa, también hay denuncias ante la PGR por irregularidades a los ejercicios fiscales de 2008, 2009 y 2010, es decir, a los correspondientes al gobierno de Fidel Herrera.
La simulación consistió en que ambos gobiernos, una vez recibidos los recursos de la Federación, los depositaban a las cuentas de las dependencias estatales destinatarias y, tras enviar el comprobante respectivo y obtener el acuse de recibo, los retiraban para un destino incierto y seguramente ilegal.
Omar Ortega destacó que la administración de Herrera Beltrán se vio envuelta en el escándalo desde su inicio, presuntamente porque su antecesor, Miguel Alemán, dejó vacías las arcas estatales. Lo cierto –agregó- es que él no mejoró las cosas, sino que dejó en peor situación a la entidad, lo mismo que su sucesor, “quien superó ampliamente al maestro”. Ante la evidencia de sus irregularidades y las de Duarte, la ASF actuó y presentó las denuncias correspondientes.
“Supuestamente desde septiembre de 2014 la PGR investigaba a 29 funcionarios y ex funcionarios por irregularidades en los rubros de salud, educación, infraestructura y seguridad pública, pero a la fecha no tenemos un solo detenido ni una sola recuperación de recursos por la vía judicial”.
En cambio, el saqueo continuó y lo más que tenemos son “devoluciones” derivadas de la “buena voluntad” de algunas empresas involucradas, pero sin que se acerquen en lo más mínimo al cúmulo de lo que le fue robado a Veracruz en ambos gobiernos a través de empresas fantasma, por ejemplo”, destacó Ortega.
En este mismo sentido, el nombramiento de Herrera como cónsul fue un mensaje claro del gobierno sobre su nulo interés para investigar las denuncias de corrupción, cargo al que hoy por la presión social y mediática renuncia, pero aún sin consecuencia alguna.
Por ello urgió de nuevo a la PGR a que actúe y, si no tiene aún la denuncia contra Herrera y Duarte por la presunta falsificación de tratamientos médicos a niñas y niños con cáncer, le pidió atraer el caso, realizar una investigación completa para identificar a todos los involucrados y recuperar lo robado, que serán de mucha utilidad en tiempos como los actuales.
“La PGR debe conducirse con apego a sus facultades y obligaciones, por lo que debe ya abandonar esa actitud de indolencia hacia la población y de complicidad con los delincuentes o presuntos delincuentes”, señaló.
En específico, le exigió adoptar medidas precautorias para evitar que, por su negligencia, el ahora ex cónsul en Barcelona también “escape”, tal como lo hizo su cómplice Javier Duarte.
“La ciudadanía no puede ser burlada como se burló de ella Arely Gómez y los exgobernadores de Veracruz y otros estados que hurtaron recursos de los contribuyentes. El nuevo Procurador tiene la oportunidad de redimir ese error que ha provocado tanta indignación nacional”, concluyó.
