La finalidad es garantizar el manejo responsable y transparente de los programas sociales durante los comicios que se realizarán en los estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz.
Para tal efecto, los titulares de las dependencias mencionadas sostuvieron una reunión a la que asistió en calidad de testigo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), doctor Lorenzo Córdova Vianello.
En su intervención, el secretario Luis Miranda expresó que esta decisión contribuye a encontrar el mejor camino para reconciliar a la ciudadanía con los actores políticos y las instituciones. Significa, dijo, “honrar nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”.
Dijo que la Secretaría a su cargo, por la cantidad de programas y recursos que maneja y por estar en contacto cotidiano con millones de mexicanos, es quizá la dependencia más fiscalizada de la administración pública federal.
“El Presidente Peña Nieto –manifestó– nos ha instruido a cuidar que los beneficios lleguen, verdaderamente a quienes más los necesitan, sin ningún tipo de condicionamiento partidista. Nunca antes la política social había estado tan fiscalizada”, dijo el titular de la Sedesol.
El secretario Luis Miranda afirmó que “en la política social del gobierno de la República no habrá espacio alguno para la impunidad y sí mano firme contra casos de corrupción”.
La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González aseguró que la confianza ciudadana, indispensable para la eficiencia y eficacia de la acción gubernamental, nace desde las instituciones y los procesos electorales y aseguró que se convocará a la sociedad a supervisar y vigilar el uso correcto de los recursos públicos.
“Con certidumbre en nuestros mecanismos democráticos habrá confianza en los gobiernos que emanen de ellos”, puntualizó. Asimismo, refrendó el compromiso de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de dirigir sus acciones y facultades a la prevención de la comisión de delitos electorales, fundamentalmente mediante la Contraloría Social.
En el evento, realizado en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, precisó que el propósito fundamental de la firma del documento es blindar los programas sociales y evitar el uso de los recursos federales destinados a impulsar el desarrollo social para fines político-electorales. “Los programas sociales son instrumentos de cumplimiento de derechos sociales, no prebendas de gobierno o de partidos”, expresó.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, expresó que “el desencanto que padece nuestra democracia no encuentre nuevas experiencias en las elecciones locales de 2017, sino por el contrario, encuentre pruebas de que hay instituciones comprometidas con la imparcialidad y con respeto a la voluntad libre y secreta de los ciudadanos en todo el proceso electoral”.
David Garay Maldonado, abogado general y comisionado para la Transparencia de la Sedesol, explicó los alcances del adendum al Convenio de Blindaje Electoral de los Programas Federales de Desarrollo Social, que establece, entre otras acciones:
1. Instalación de módulos de información y atención a los ciudadanos por parte de la Fepade en los inmuebles de la Sedesol.
2. La Fepade, la Unidad del Abogado General de la Sedesol y el Órgano Interno de Control en la Sedesol, dentro de sus respectivas competencias, atestiguarán y resguardarán las instalaciones y parque vehicular 72 horas previas al inicio de las jornadas electorales.
3. Acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública por medio del fortalecimiento de la Contraloría Social, para que éstos participen en la supervisión y vigilancia de los recursos públicos empleados en programas federales de desarrollo social.
4. Involucramiento y participación de la Contraloría Social, conformada por más de 500 mil beneficiarios, en la protección de los programas sociales federales y fungirán como testigos en los actos de resguardo y verificación de inmuebles y vehículos.
5. La Contraloría Social será el medio para captar quejas y denuncias sobre irregularidades de los beneficiarios a fin de canalizarlas con las autoridades competentes. Se realizarán inspecciones y verificaciones en oficinas, tiendas, órganos desconcentrados y entidades sectorizadas de la Sedesol.
6. La Fepade y el Órgano Interno de Control en la Sedesol, implementarán mesas de captación de quejas y denuncias, antes, durante y después de la jornada electoral. Además, darán seguimiento a eventuales delitos electorales.
El secretario Miranda Nava dio a conocer que a partir de la suscripción de este adendum quedan instalados y en sesión permanente, el Comité Central de Legalidad y Transparencia para el blindaje electoral de los programas sociales, así como los Comités Preventivos de blindaje electoral en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.
