También solicitaron que la autoridad mexiquense acate “estrictamente las obligaciones en materia de derechos humanos e investigue con estricto apego a la ley a todos los servidores públicos que hayan incurrido en ilícitos”.
El llamado lo hicieron, en un comunicado, el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, y la coordinadora del Grupo de Trabajo plural para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, el pasado 30 de junio, diputada Elena Tapia Fonllem.
En esa fecha, murieron 22 presuntos delincuentes en un enfrentamiento con elementos del Ejército, varios de los cuales habrían sido ejecutados por los militares.
Los legisladores perredistas se refirieron a la decisión de un juez que recientemente ordenó la inmediata liberación de dos mujeres de esa comunidad, acusadas de acopio de armas.
“Manifestamos nuestra sorpresa ante las recientes declaraciones de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), en el sentido de considerar que la liberación por parte de autoridades federales de las dos mujeres sobrevivientes de los hechos de Tlatlaya ´ no tiene relación con lo que se está investigando´”, indicaron.
Recordaron que en su Recomendación 51/2014, la CNDH concluyó que funcionarios estatales incurrieron en probables actos y omisiones ilegales, entre los que destacan la alteración de la escena y de los elementos de los hechos, tortura contra las dos mujeres y fallas en la preservación y análisis periciales practicados.
“Nos parece grave que el procurador pretenda negar que la tortura que presuntamente sufrieron estas dos mujeres haya tenido consecuencias sobre sus testimonios”, subrayaron los diputados del PRD.
También consideraron “que la aceptación por parte del Gobierno del Estado de México de la Recomendación de la CNDH no puede prestarse a simulaciones”.
