Se busca crear un capítulo XXIV en ese marco jurídico, para establecer en su artículo 128 que dicho premio nacional sería un reconocimiento que el Estado mexicano otorga a quienes se hayan destacado por sus acciones contra la corrupción y a favor de la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
El reconocimiento se entregará en las categorías: Combate a la corrupción, Fomento a la transparencia y Promoción de la rendición de cuentas.
Precisa en su artículo 130 que esta distinción consistirá en una medalla y diploma, y podrá adicionarse con una entrega en numerario o especie, cuyo monto determinará el Consejo de Premiación; además, será entregado el 9 de diciembre de cada año por el Presidente de la República y el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Agrega en su artículo 131 que esta presea se tramitará ante el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual, en ejercicio de su autonomía y a través de sus instancias competentes, emitirá las reglas para la integración del Consejo de Premiación correspondiente, que deberá estar conformado por personas de reconocida calidad moral, académica o intelectual y representativas de los sectores público y privado, así como de un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.
La iniciativa señala que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 88.3 por ciento de la población considera frecuentes o muy frecuentes las prácticas de corrupción en el país.
En términos de la geografía nacional, la encuesta arroja que un 75.6 por ciento de la población considera frecuente o muy frecuente la corrupción en el gobierno federal; un 77.2 por ciento que lo es en los gobiernos locales y un 75.8 por ciento en los municipales.
En la misma línea, Latinobarómetro, en su análisis correspondiente al 2013, en el apartado relativo a Corrupción y uso de gratificaciones en el Gobierno Local/Municipal, destaca que el 40.1 por ciento de los encuestados piensa que la mayoría de los funcionarios son corruptos y el 38.1 por ciento cree que casi todos son corruptos, lo que significa que el 78.2 por ciento de la población entrevistada confirma los altos niveles de corrupción en los gobiernos locales y municipales.
A nivel nacional, agrega, el 36.2 por ciento de los entrevistados piensa que la mayoría de los funcionarios en el gobierno federal es corrupta, y un 42.2 por ciento que casi todos lo son, lo que nos da un total de 78.4 por ciento que asegura que en el gobierno nacional hay altísimos niveles de corrupción.
