Así lo señalaron ayer el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez al hacer la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016.
Para el presidente avanzar en el respeto a los Derechos Humanos ha sido no sólo parte de su agenda ética para reforzar la democracia, sino como parte de un esfuerzo institucional para profundizar el cambio cultural y transitar plenamente hacia una sociedad de derechos.
“Y cuando hablo de un cambio cultural me refiero a concientizar en derechos humanos desde la más temprana edad, como lo hace justamente Sharon Zaga, a través del Museo Memoria y Tolerancia.
“Una imagen que nos debe inspirar a seguir es la de esos miles de niños, niñas y adolescentes que semana tras semana aprenden valores e ideales en este Museo, que seguramente habrán de tocar y cambiar su vida.
“Aún es mucho, y hay que decirlo, lo que nos falta por hacer”, indicó.
Peña Nieto aprovechó el evento para responder a quienes lo critican por ser tibio en responder ante ciertos eventos que pudieran constituir la violación de los derechos humanos.
El mandatario indicó:
“En esta Administración no volteamos la mirada ante los problemas. Al contrario. Somos los primeros en reconocerlos y en actuar para darles solución, con un enfoque incluyente, convocando al trabajo conjunto.
“Tal es el caso de la desigualdad, la injusticia y la discriminación en que aún viven diversos grupos sociales o los hechos violatorios a los derechos humanos, que todavía lamentablemente se presentan.
“Se trata de retos que debemos enfrentar con sentido de urgencia y con espíritu de unidad.
“En particular, la inseguridad y la violencia han sido una amenaza para la integridad y dignidad de las personas, particularmente en ciertas zonas y ciudades del país.
“Debemos reconocer que muchos de estos delitos tienen causas estructurales y que vienen de años atrás”, dijo.
En dar respuesta integral a estos delitos y hechos, afirmó, su gobierno trabaja en forma coordenada con legisladores, autoridades locales, organismos defensores de los derechos humanos, expertos y con la representación de la sociedad civil.
Hoy mismo, dijo, están en marcha varias acciones para mejorar las condiciones de seguridad y justicia de nuestro país.
De igual forma están en proceso legislativo diversas iniciativas de reforma y leyes, como las dos que presenté hace un año, para combatir la desaparición de personas y la tortura.
Y además, agregó, su administración respalda la actualización del marco legal, que permita regular la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior.
“Hoy reafirmo, ante ustedes, el compromiso indeclinable del Gobierno de la República con el respeto y la protección de los derechos humanos, seguiremos sumando esfuerzos en favor de la no discriminación, la inclusión, la igualdad de género, la legalidad y la tolerancia.
“Hacia adelante, daremos prioridad al combate de la desaparición de personas, a la consolidación del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y al fortalecimiento de las acciones para erradicar la violencia hacia las mujeres.
“Para lograrlo, reforzaremos la articulación entre poderes y órdenes de Gobierno, porque también se necesita, y hay que decirlo de manera subrayada, una respuesta contundente desde el ámbito muy local.
“Asimismo, continuaremos trabajando en estrecha colaboración con la sociedad civil, en un marco de transparencia y rendición de cuentas”, subrayó.
VISIÓN RIESGOSA
Durante el mismo evento realizado en Los Pinos, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez indicó que si en algo pudiera haber hoy coincidencia entre los mexicanos es que este 2016 a punto de concluir, “ha sido uno de los años más dramáticos y violentos, en que las huellas nocivas de la criminalidad generaron un entorno problemático y complejo en el ámbito de la protección de los derechos humanos”.
Consideró que la necesidad y urgencia de proporcionar a la población de algunas regiones del país niveles mínimos de seguridad que permitan cierta normalidad en su existencia cotidiana, ha sido un elemento que incidió en violaciones a los derechos fundamentales por parte de algunas autoridades que inclumplieron con su deber.
Ello, sumado a una percepción generalizada en la sociedad respecto de la prevalencia de la impunidad, la corrupción y el incumplimiento de la ley, han debilitado a nuestras instituciones democráticas y dividido a la sociedad, dijo.
“La aplicación de la ley se ve, en una concepción por completo errónea, como antagónica del respeto a la dignidad humana, llegando a identificar la promoción y defensa de los derechos humanos, equivocadamente como un obstáculo para la aplicación de la justicia o una vía para perpetuar la ilegalidad.
“Descalificar a los defensores de Derechos Humanos por defender la dignidad de las personas, es descalificar que podamos vivir en un estado democrático de derecho, cuyo eje sea la vigencia de esos Derechos”, subrayó.
Luis Raúl González Pérez dijo que es tal la distorsión de la percepción ciudadana lo que sumado al descontento social, “ha llegado al extremo del elogio y reconocimiento social a quien toma la justicia en sus manos”.
De igual forma han surgido promociones como la iniciativa promovida por el senador panista y excandidato colimense a gobernador, Jorge Luis Preciado, quien pretende que se legisle para permitirle a los ciudadanos hacer uso de armas en México.
“De prosperar (esa y otras iniciativas) podrían reforzar la práctica de la venganza privada, al pretender depositar en el ciudadano la responsabilidad de preservar su seguridad, pero que, en realidad, sólo minarían el control que el Estado está obligado a ejercer sobre la dinámica delictiva”, indicó el presidente de la CNDH.
Y agregó:
“El respeto a los derechos humanos, vale la pena insistir en ello, es el eje que debe sustentar las políticas públicas y las acciones que se emprendan en todos los ámbitos del poder público, incluido por supuesto, el relativo a la seguridad, en todas sus dimensiones, de las y los mexicanos…
“La seguridad pública es una función que corresponde, y debe estar a cargo, de instituciones de carácter civil; nuestra Fuerza Armada debe volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, debiéndose establecer para ello una ruta gradual y verificable. El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea”, precisó
COAHUILA EN LA MIRA
La Asociación Nacional de Alcaldes –de afiliación panista-, pidió ayer se abra una investigación y auditorias que esclarezcan el desfalco que vive el estado, indicó Enrique Vargas del Villar.
Todo antes de que el priísta Rubén Moreira concluya su mandato, indicó.
