En tribuna, la legisladora Margarita Martinez Fisher, quien preside la comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, explicó que uno de los propósitos es canalizar los actos de inconformidad de las personas y los órganos de representación vecinal por presuntas violaciones a cambio de uso de suelo, cambios del destino del suelo y otros aprovechamientos de inmuebles”.
“En el artículo 162 se reconoce que la Acción Pública es el instrumento jurídico mediante el cual el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá de manera directa los asuntos relacionados con las presuntas violaciones al uso de suelo”, explicó.
Le legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) recordó que queda explícito que de no encontrarse irregularidades en la demanda, el Tribunal tendrá que notificarlo en máximo 15 días.
Además, este cambio al marco legal permitirá establecer plazos de cumplimiento de sentencias, demolición de inmuebles o su restitución, que deberá cumplirse en un plazo no mayor a cinco días hábiles. “En caso de incumplimiento señala la obligatoriedad del propietario a pagar los gastos generados a la Administración Pública de la Ciudad de México con motivo de la ejecución de la demolición”.
Dijo que las acciones de apelación sobre un posible daño de una construcción, considerada como patrimonio cultural, artístico o histórico de la ciudad, se ordenará a la dirección del Patrimonio Cultural, a “implementar las medidas necesarias para restituir, reintegrar o reparar el área afectada”.
El aval de dicho dictamen fue con 43 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
