A su vez, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, elaborado por el CONADIS (Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad) mostró que 45 de cada 100 personas con discapacidad entre 3 y 29 años asistían a la escuela, mientras que la tasa de participación económica de la población con discapacidad era de 29.9% (1.6 millones de personas).
Consciente de esa situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como garante de los derechos fundamentales, encontró que su labor no podía materializarse únicamente a través de las resoluciones jurisdiccionales de su conocimiento, sino que, con base en la progresividad, maximización y goce y ejercicio efectivo de esos derechos, también debía trasladar su actuar a las políticas internas del Alto Tribunal en ese rubro.
La institucionalización de estas políticas hacia el interior del Poder Judicial de la Federación, que guardan una franca innovación en el sector público, será presentada por el Ministro Presidente el 5 de diciembre del presente año en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Desde la elaboración de su Proyecto de Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018, el Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales estableció líneas generales de trabajo, entre las cuales ubicó aquella relativa a la “Política Judicial de Protección de Derechos Humanos e Impulso al Estado de Derecho”, la cual trazó como objetivo, entre otros, la búsqueda y establecimiento de condiciones jurídicas y materiales que impidieran la existencia de las desventajas hacia los grupos de personas en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas con discapacidad.
Con la intención de alcanzar esa finalidad, la Presidencia del Alto Tribunal ha diseñado, hasta ahora, dos programas orientados a garantizar el ejercicio de los derechos por parte de las personas con discapacidad, el primero de ellos en materia de educación y el segundo en materia laboral; cuyo desarrollo e implementación contarán con la colaboración documental de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Respecto del primero, se realizó una revisión de las condiciones del Centro de Desarrollo Infantil Artículo 123 Constitucional (CENDI) a efecto de maximizar la atención que se brinda a las y los menores, con especial énfasis en niñas y niños con discapacidad, así como desarrollar las condiciones propicias para su inclusión. A su vez, se revisó el funcionamiento del CENDI en su totalidad y se realizaron mejoras sustantivas en la atención de las y los menores y las madres y padres de familia. Derivado de dicho programa, se adecuó la infraestructura del CENDI a efecto de que fuera accesible bajo un diseño universal, de igual manera se capacitó y sensibilizó a todo su personal en materia de discapacidad.
En materia laboral, se realizó un programa piloto en el cual se sujetaron a concurso 10 plazas de Técnico Administrativo únicamente para personas con discapacidad relacionadas con la licenciatura en derecho. De igual forma, se realizaron estudios de accesibilidad en 3 edificios de la SCJN, lográndose realizar la mayor cantidad de ajustes razonables en el edificio Sede y se sensibilizó al personal que labora en el mismo. Se impartieron cursos en materia de protección civil y servicio médico a efecto de tener un adecuado accionar ente cualquier situación
Además, en atención al modelo referido, se inició la capacitación en lengua de señas mexicanas respecto de áreas de atención de servicio primario. También, se realizaron los ajustes necesarios a través del área de Tecnologías de la Información para la plena accesibilidad del portal web de la Suprema Corte.
