Ambos recordaron que, con anterioridad, el proyecto había sido cancelado por violentar todos los procedimientos legales y administrativos. Por tal motivo, apuntó Rubio Quiroz: “Querer repetir este atentado en contra de las y los vecinos de la delegación Gustavo A. Madero, es inaceptable”.
Por su parte, el Vicecoordinador del GPPRD, Jesús Zambrano, señaló que su bancada buscará consensuar con los demás grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de la República y a las dependencias correspondientes para que se haga una revisión a fondo y se replanteen los términos del proyecto vial.
Sobre todo apuntó que lo primordial es proteger al medio ambiente de la delegación Gustavo A. Madero, como también la vida cotidiana de las familias, y de la misma manera, las áreas colindantes de la Avenida Insurgentes hacia el norte de la capital mexicana.
Al mismo tiempo se comprometió a que el GPPRD defenderá la petición de los vecinos de la demarcación de que no se concrete el proyecto y, por igual, a defender sus derechos en la búsqueda de una mejor calidad de vida, y no su deterioro.
De la misma manera dijo que buscará ser interlocutor entre las autoridades correspondientes del gobierno federal, las de la Ciudad de México y la propia Delegación Gustavo A Madero para hacerles llegar las observaciones de las propias autoridades delegacionales y de los vecinos que se ha manifestado claramente en contra del proyecto, por “no satisfacer en modo alguno todos los requerimientos que tenían que haberse cubierto”.
Asimismo, el jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo Román, calificó el proyecto federal como “el ecocidio más grave que ha vivido la capital en la época moderna”, pues, argumentó: “Pretende suspender y cancelar la vida de 4 mil 500 especies y sujetos forestales en ese espacio”.
Afirmó que este proyecto pretende ser un negocio de un particular porque no hay recursos locales, federales o estatales, además de que se atenta en contra de espacios verdes, particularmente en contra de alrededor de 4 mil 500 árboles que generan una gran cantidad de oxígeno, además de que es una zona de captación de agua muy importante para esa región.
Explicó: “se cancelaría la actividad en el espacio público urbano donde ciudadanos de manera regular realizan actividades sociales, recreativas, culturales y deportivas. Por supuesto, se cambiaría el paisaje urbanístico y ecológico del entorno. Es una tarea que, sin duda debemos impedir”, aseguró.
Lobo Román afirmó que el proyecto no resuelve en absoluto ninguna condición vial, ni de convivencia en el entorno. Por el contrario, afirmó, “es un proyecto depredador, un proyecto inviable que no cumple con ninguna de las normatividades de la Ciudad de México”.
Finalmente, Edith Aponte Herrera, representante de vecinos afectados de las colonias Industrial, Guadalupe Insurgentes, Capultitlán y otras que podrían ser afectadas, pidió a las y los diputados sus buenos oficios para detener el proyecto, que –aseguró- no solo los afectará a ellos sino al resto de la ciudad.
