La marcha que inició en la glorieta de la Columna de la Independencia y concluyó en el Zócalo capitalino, en donde asistieron diversos dirigentes sindicales y diputados federales de oposición, quienes coincidieron en que fortalecerán una lucha desde distintos frentes para impedir que los legisladores del PRI y PAN aprueben modificaciones a la Ley Federal del Trabajo como las plantea el Ejecutivo.
Coincidió en señalar que la iniciativa preferente enviada por Felipe Calderón al Congreso el pasado 1 de septiembre, de aprobarse, dejará una bomba de tiempo al gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, porque el movimiento nacional, seguirá y se manifestarán en contra de la reforma cada día de la administración del priista que iniciará en diciembre próximo.
Martí Batres sostuvo que los legisladores del PRD, del Partido del Trabajo y del Movimiento Ciudadano, votarán en contra de la propuesta presidencial. “Hemos dado una batalla en la Comisión del Trabajo y en la Cámara de Diputados, nos han dicho que es para la transparencia de los sindicatos, libertad sindical y en contra de la discriminación laboral, pero eso es falso”, consideró.
Por ello, dijo, “vamos a plantear una ruta distinta en materia de reforma, en donde decimos no a la reforma laboral de Calderón y de Enrique Peña Nieto, quien también esta detrás de esa reforma, que no da la cara y cobardemente se esconde. Pero son ellos dos y decimos que hay que desechar la reforma que presenta Calderón porque es in constitucional, por lo que vamos a desde a bajo trabajar en otra alternativa de reforma laboral”.
Agustín Rodríguez planteó que si como lo propone la iniciativa preferente de establecer el trabajo por horas y contratos a prueba, se los apliquen a secretarios de Estado, gobernadores, diputados y senadores y digan cuánto ganan al final. “No podemos ni debemos aceptar que esta propuesta se convierta como punto de referencia para una negociación. Los derechos de los trabajadores se defienden, no se negocian”.
Francisco Hernández Juárez, dijo que ahorita resulta irrelevante que se diga que esta iniciativa es el último golpe de Calderón a los trabajadores, o que es un acuerdo político entre el mandatario y Peña Nieto, pues lo importante ahora es que este último y su partido deben asumir la responsabilidad de no aprobar la reforma.
“Creen que aprobarla a marchas forzadas, sin consensos suficientes para atropellar nuestros derechos, que equivocados están, pues todavía hay posibilidades, hay márgenes constitucionales para rechazarla”.
Martín Esparza consideró que la iniciativa preferente representa un profundo odio a la clase trabajadora y un cierre brutal de un sexenio que emprendió ataques terribles contra los mineros, trabajadores de Mexicana de Aviación y de Luz y Fuerza del Centro, por lo que no permitirán que se acabe con los derechos laborales conquistados desde la Revolución, ni que se quiera cargar a los asalariados los costos de la crisis económica.
