Comentó que su aumento provoca una severa afectación social y que muchas de ellas, enfocadas en la impartición de carreras como derecho, contaduría, informática, computación y medicina, entre otras, ponen en riesgo la vida, la libertad, la salud o el patrimonio de las personas.
Indicó que por esta razón presentó una Iniciativa para reformar la Ley General de Educación y la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, para que no sólo a nivel local, sino a nivel federal se tenga un estricto control y regulación de la calidad en la oferta educativa.
Informó que su propuesta consiste en la creación del Consejo de Certificación Profesional, que estará cargo de la Dirección General de Profesiones, la cual se encargará de otorgar la certificación a las universidades privadas -de carácter obligatorio-, de los planes y programas de estudios para dichas instituciones, así como de realizar inspecciones periódicas para evaluar y certificar la calidad educativa del plantel.
Finalmente, la Diputada comentó que existen actualmente más de un millón de jóvenes estudiando en este tipo de universidades, y señalo que, de acuerdo con el Informe “RVOE Federales y Programa de Fomento a la Calidad de las Instituciones Particulares”, es alarmante que a pesar de que 7 mil programas educativos, equivalentes a 45.6% de universidades privadas con registro de la SEP, fueran sancionadas, sólo se retirara el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores (RVOE) a 921 programas.
