Gobierno capitalino privilegia negocios privados por encima del bien común en desarrollo urbano

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ciudad de mexico
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Al participar en el foro Ciudad en Hundimiento. Defensa de los Derechos Adquiridos, organizado por la diputada Citlalli Hernández Mora, los asambleístas Aleida Alavez Ruiz, María Eugenia Lozano y Paulo César Martínez, vecinos y especialistas en el tema, compartieron experiencias para generar herramientas que frenen el desarrollo urbano voraz que se apodera de la ciudad con el apoyo del gobierno capitalino.

Citlalli Hernández Mora aclaró que MORENA no se opone al desarrollo de la ciudad, sino a las megaobras que privilegian el negocio sobre los derechos de los citadinos y que carecen de estudios serios que expongan sus efectos a corto, mediano y largo plazo. Las autoridades, dijo, deben cambiar su visión de negocios, amiguismo y corrupción, por el de una ciudad planeada en bienestar de los capitalinos.

Convocó a ser cuidadosos en el tema de las grandes edificaciones, pues de acuerdo con el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nuestra ciudad presenta un hundimiento natural debido al suelo lacustre que la caracteriza; sin embargo, este problema se agrava en delegaciones como Iztacalco y Gustavo A. Madero donde se extrae mayor cantidad de agua para posteriormente construir.

La legisladora coincidió con su compañera de bancada, Aleida Alavez Ruiz en calificar como un retroceso las reformas aprobadas en la Asamblea Legislativa el 20 de octubre pasado a la Ley de Protección Civil , que eliminan la obligación de los responsables de Protección Civil de contar por lo menos con tres años de experiencia y la certificación del Centro de Evaluación de Protección Civil; además que los mandos medios acreditaran por lo menos estudios de bachillerato.

Esta reforma, aseguraron las legisladoras, pone en manos inexpertas la verificación, supervisión y estudios para construcciones en todo tipo de suelos y “es mucho mayor el riesgo de que los responsables no se enteren de los proyectos que autorizan, a pesar de que se trata de prevenir riesgos y proteger vidas”.

Durante su intervención, la diputada Aleida Alavez Ruiz, demandó a las autoridades capitalinas a analizar el uso de suelo con base en el Atlas de Riesgo, “pues de nada sirve tener leyes y reglamentos, si no son respetados”. El grave problema de la ciudad es que no se acatan las reglas, las leyes, lo que genera consecuencias lamentables para la ciudad, advirtió.

A los ciudadanos los invitó a hacer uso de los instrumentos de participación ciudadana y opinar en el Plan General de Desarrollo Urbano de la ciudad antes de que sea aprobado. Dijo que a partir del 10 de octubre se abrió la convocatoria para participar por Internet y en las plazas públicas.

En el caso de Iztapalapa, criticó que las autoridades ignoren el Atlas de Riesgo actualizado para autorizar construcciones, lo que ha derivado en que existan 12 obras sobre suelo agrietado. Para estos casos, dijo, logramos clausurar muchas.”

Tampoco se verifican medidas de mitigación en las obras y las que existen en el papel son una burla, agregó. Y citó como ejemplo que para “no afectar” el suministro de agua de las familias asentadas antes de las grandes construcciones, basta con estipular como obligación del constructor introducir tubería de un diámetro mayor para que el traslado del vital líquido; sin embargo eso no implica que por ese tubo pase más agua, que en Iztapalapa es escasa.

La anarquía que impera en la mayoría de las obras se ejemplifica con el Deprimido Mixcoac, que por falta de estudios sólidos y reuniones previas con los vecinos, el proyecto tuvo que ser modificado en 19 ocasiones.

En este tema, la diputada María Eugenia Lozano Torres denunció la falta de respeto hacia los habitantes de la ciudad por parte del gobierno capitalino, pues a decir de la legisladora, las mesas de trabajo con las autoridades para  evitar la tala de árboles sólo es para distraer a los vecinos, ya que hasta la fecha no han recibido una solución real.

Lamentó que para la construcción de este túnel de 23 metros de profundidad y kilómetro y medio de largo, no se respetaran ni la flora ni la fauna de la zona, ya que se talaron mil 800 árboles. Un amparo de los vecinos impidió que se siguieran cortando más.

Por su parte, el asambleísta Paulo César Martínez López, quien acompaña a vecinos de las delegaciones Gustavo A. Madero, Azacapotzalco y Cuauhtémoc en su lucha contra la construcción del Viaducto Elevado Indios Verdes-La Raza-Santa Clara, adelantó que si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes insiste en esta obra que trae más perjuicios que beneficios a los habitantes de esa zona, el Grupo Parlamentario de MORENA iniciará un proceso jurídico para evitar su construcción.

Informó que el área donde se planea edificar es una zona altamente sísmica, y que las características de la obra no sólo pone en peligro las construcciones aledañas, sino también la del propio viaducto, por lo que aseguró que con movilización social y la lucha parlamentaria evitarán la megaobra.

En este sentido, los ingenieros Ernesto Millán y Roberto López coincidieron en que la Ciudad de México tiene el reglamento de construcciones más completo del país, establece límites y requisitos para construir; sin embargo, dijeron, no se respeta y se privilegia el negocio.

Es importante, subrayaron, realizar los estudios de mecánica de suelos para mitigar los problemas encontrados antes de iniciar la construcción.