Éste implica sociedades incluyentes y equitativas, con movilidad social, informadas, participativas y empoderadas bajo los principios de inclusión y cohesión social, señala el proyecto. La legisladora dijo que esta modificación es en aras de promover ciudades más eficientes, resilientes, diversas y sustentables, explicó.
La iniciativa es frimada por los coordinadores parlamentarios del PRI, Emilio Gamboa Patrón; del PAN, Fernando Herrera Ávila; del PRD, Miguel Barbosa Huerta; y del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas.
En tribuna, la senadora Díaz Salazar señaló que con esta iniciativa se podría argumentar que el derecho a la ciudad es el resumen de los derechos civiles y políticos, así como de los económicos, sociales y culturales reconocidos en los diversos tratados internacionales y en la Constitución, refirió la senadora Cristina Díaz.
El derecho a la ciudad no se limita a reivindicar parcialmente los derechos humanos destinados a mejorar las condiciones en que la habitamos, sino que implica derechos para incidir también en su producción, desarrollo, gestión y disfrute, y para participar en la determinación de las políticas públicas que permitan respetarlos, protegerlos y hacerlos efectivos, detalló ante el Pleno.
En México, las ciudades han experimentado un acelerado crecimiento en los últimos 50 años, bajo un modelo de uso extensivo del suelo a costa de la ocupación de suelos productivos, de la conservación y de áreas con valores para la recarga de los acuíferos, en detrimento de la biodiversidad.
Actualmente, el 78 por ciento de los mexicanos viven en ciudades, y generan cerca del 87 por ciento del Valor Agregado Bruto Nacional.
México cuenta con 59 zonas metropolitanas, 22 ciudades medias, de entre 500 mil y un millón de habitantes, y 10 ciudades grandes, de entre uno y diez millones de habitantes; además de albergar una de las megalópolis más importantes del mundo.
Sin embargo, el crecimiento de gran parte de estas zonas urbanas ha sido poco planeado y sin una visión sustentable de largo plazo, destacó la senadora Díaz Salazar.
Comentó que incluir el derecho a la ciudad en la Constitución tiene como finalidad alcanzar ciudades prósperas, donde sus habitantes puedan ejercer a plenitud sus derechos, generando comunidad y cohesión social.
Se busca, dijo, analizar este derecho bajo múltiples enfoques, como la inclusión y cohesión social frente a la fragmentación, la desigualdad y la segregación; la seguridad pública; la patrimonial ante los riesgos naturales; la accesibilidad universal; el medio ambiente de calidad; el derecho al espacio público de calidad; a la expresión pública; identidad y habitabilidad en la vivienda y el entorno.
“A unas semanas de que nuestro país acuda a la Reunión de Hábitat III en Quito, Ecuador, nos encontramos en el momento óptimo para revisar nuestra política urbana, y el reconocimiento del derecho a la ciudad debe ser el punto de partida de las discusiones”, subrayó.
La iniciativa es firmada por los senadores Enrique Burgos García, Angélica de la Peña Gómez, Patricio Martínez García, Raúl Cervantes Andrade, Angélica Araujo Lara, Daniel Amador Gaxiola, Aarón Irízar López, Martha Tagle Martínez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Raúl Gracia Guzmán, Zoé Robledo Aburto, Marcela Guerra Castillo, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Lucero Saldaña Pérez, Carmen Dorantes Martínez, Gabriela Cuevas Barron, María Elena Barrera Tapia, Ana Gabriela Guevara, Laura Rojas Hernández, Francisco Yunes Zorrilla, Miguel Romo Medina, Manuel Cárdenas Fonseca, Héctor Larios Córdova, Roberto Gil Zuarth, Miguel Ángel Chico Herrera, Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera, Raúl Pozos Lanz, Víctor Hermosillo y Celada, Armando Ríos Piter, Diva Gastélum Bajo, Juan Carlos Romero Hicks y Jesús Casillas Romero.
El proyecto fue turnado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y posterior dictaminación.
