Un elemento sine qua non para materializar condiciones de calidad, cobertura universal, convergencia y acceso incluyente a los servicios de telecomunicaciones, es la acumulación de capital productivo necesario para el despliegue de infraestructura y del desarrollo de redes en el país.
Más necesario aún en presencia de un marcado déficit de infraestructura de telecomunicaciones para hacer frente a la demanda del aparato productivo y fundamental para cumplir el mandato constitucional de conectar a todos los mexicanos.
En la configuración actual del mercado, estas inversiones provienen principalmente del sector privado, competidores y en alguna proporción del preponderante. Cifras publicadas recientemente por el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) refieren que durante el presente sexenio presidencial “la proporción de inversión promedio anual en infraestructura del sector privado alcanza 92.6%, mientras que aquella del sector público tan sólo asciende a 7.4%”1 .
Por ello es conveniente dar seguimiento a la estrategia de inversión de los agentes económicos del sector. Un ejemplo toca al agente preponderante en telecomunicaciones (América Móvil) que por su músculo económico y huella de mercado (al alcanzar 2/3 partes de los ingresos y usuarios totales), cabe esperar montos de inversión suficientes y proporcionales a estas condiciones.
En los últimos años, el operador ha invertido en promedio alrededor de 15.0% de sus ingresos percibidos en México. En anuncios recientes refiere planes de inversión para el desarrollo y actualización tecnológica de sus redes por $2 mil millones de dólares.
Toda adición de capital productivo es y debe ser sin duda bienvenida.
Sin embargo, en perspectiva comparada con los demás países en los que opera América Móvil, se identifican francos contrastes en este coeficiente. Mientras que en México invirtió tan sólo 13.6% de sus ingresos durante 2015, comparable a aquellas de Centroamérica (13.3%) y el Caribe (7.9%), donde su escala de operación en términos de usuarios es considerablemente baja; en la región de Latinoamérica destinó 34.9% a inversiones.
En este contexto, la referencia de inversión para el desarrollo efectivo de una red de nueva generación sería destinar, al menos, la misma proporción que ejerce en la región en su conjunto. Por lo que el operador debería de invertir, como mínimo, más del doble de su monto anticipado, esto es, alrededor de $5 mil millones de dólares al año.
El avance tecnológico representa paralelamente un reto y una oportunidad para los operadores de telecomunicaciones, ya que les permite expandir y mejorar su oferta de servicios e incluso habilitar el Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés). No obstante, se enfrentan al desarrollo de un soporte y capacidad óptimos en infraestructura para poder conectar a todos sus usuarios efectiva y eficientemente. Para alcanzar todo ello, es necesario un plan de inversión, en tiempo y condiciones financieras y técnicas adecuadas.
Ello requiere de un flujo de recursos al menos constante y suficiente, alineado a las necesidades tecnológicas de los consumidores, el desarrollo de nuevos servicios y la creciente necesidad de una conectividad permanente, ubicua y segura.
En este sentido, destaca también del reciente Boletín del IDET la indicación de que son los operadores competidores los que invierten la mayor proporción de recursos en términos absolutos y relativos, “la competencia efectiva es el mejor mecanismo para la expansión del requerido capital tecnológico del sector”.
