El parlamentario señaló que la reforma del 22 de mayo flexibiliza a tal grado los permisos para los extranjeros, incluso agentes de seguridad privados, paramilitares o personas con antecedentes de violencia, que da lugar a graves riesgos para la seguridad nacional, así como para la vida e integridad de quienes habitan o transitan en el país.
En consecuencia, planteó la necesidad de que sólo procedan los permisos a extranjeros si son residentes permanentes, agentes aduanales y migratorios, o elementos de seguridad de mandatarios de otros países si cumplen ciertos requisitos y si se someten a las responsabilidades civiles, penales y administrativas en caso de violar las leyes nacionales.
García Calderón, secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 11, 27, 28 y 28 Bis de dicha Ley, de manera que revocaría los permisos expedidos a extranjeros con motivo de los cambios del año pasado y únicamente los mantendría bajo ciertos supuestos.
En su argumentación dijo que la reforma del 2015 presenta tres graves problemas: es demasiado laxa en cuanto a permisos para residentes extranjeros y hasta nacionales porque, por ejemplo, no los condiciona a una evaluación sicológica que descarte antecedentes de violencia; permite a agentes aduanales, migratorios y de seguridad para mandatarios de otros países andar armados por todo México, y le abre la puerta a grupos paramilitares, cuerpos de seguridad privados y mercenarios para sustituir a las fuerzas armadas nacionales.
Lamentó la permisividad para agentes aduanales y migratorios, en particular estadounidenses, varios de los cuales se caracterizan por la violencia, ilegalidad e impunidad con que actúan contra migrantes e, incluso, residentes en el territorio mexicano, ejemplo de lo cual fue quien asesinó en Ciudad Juárez a Sergio Adrián Hernández, de 14 años, desde el otro lado de la frontera sin recibir castigo alguno.
Cuestionó la opacidad con que se realizan “acuerdos interinstitucionales” de carácter internacional que permiten el ingreso de extranjeros armados y armamento a México, como los que dieron lugar a la presencia de numerosas corporaciones en México y al operativo “Rápido y Furioso”, porque al final resultaron trágicos y desastrosos para el país.
Propuso que sólo se autorice a extranjeros residentes permanentes en el país a portar armas si acreditan no tener antecedentes civiles o penales de violencia, dentro o fuera del país, así como permitirlo a agentes aduanales y migratorios sólo en ciertos lugares y para determinados fines, lo que implica que no podrán ejercer funciones reservadas para las autoridades nacionales ni alegar uso legítimo de la fuerza contra persona alguna.
El incumplimiento de esto será considerado falta grave, sin perjuicio de otras responsabilidades que deriven del hecho, lo que significa que ante cualquier falta administrativa grave o delito, de inmediato será cancelado el permiso temporal y serán sujetos a la jurisdicción nacional para determinar las responsabilidades administrativas, civiles o penales.
En su caso, cuando medien acuerdos internacionales en la materia, deberán comunicarse a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión.
Al apoyar la propuesta de su correligionario en la Comisión de la Defensa Nacional –de la cual es Secretaria-, Gaytán Hernández afirmó que son las dependencias federales las que deben garantizar la seguridad de los mexicanos.
Reiteró que en ocasiones extranjeros armados cometen lesiones y hasta homicidios, para luego irse del país sin ser enjuiciados por las leyes locales.
Propuso, por otra parte, una reunión con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, para analizar los ajustes y recortes al presupuesto de esa dependencia, así como las acciones que ha llevado a cabo con el remanente, todo ello con miras a mejorar sus condiciones de trabajo.
