El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 fue de 3 mil 976.3 millones de pesos, en el cual se obtuvo una suma importante para el desarrollo de la acuacultura; sin embargo, para el año próximo sólo se tienen considerados 3 mil 652.70 millones de pesos.
Es perentorio trabajar para que la pesca y acuacultura no se vean impactados con el recorte presupuestal para el próximo año, ya que este sector podría ser un importante detonador del desarrollo del país, destacó.
El diputado David Aguilar Robles (PRI) subrayó que la inversión en el sector pesquero ha sido insuficiente, por lo que coincidió en la necesidad de enfocar esfuerzos para que se incremente el presupuesto, además de que la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) actué con corresponsabilidad en la adecuada ejecución del gasto.
El también diputado priista, Efrain Arellano Núñez, opinó que una manera para eficientar el gasto es reglamentar el monto que recibe cada productor; “no es justo que los grandes productores reciban mucho y los pequeños por no tener la asesoría suficiente o capacidad, no accedan a los programas sociales”.
Enfatizó que el sector pesquero requiere inversión en infraestructura y tecnificación, pues esto logrará impulsar su desarrollo.
Por su parte, el diputado Jesús Antonio López Rodríguez (PAN) propuso a los integrantes de la comisión elaborar un mecanismo para que el presupuesto aprobado prevalezca todo el año. “No se vale que a mitad del ejercicio fiscal no se tome en cuenta a la Cámara de Diputados y se realice un recorte presupuestal ocasiona se pierda lo logrado por los legisladores”.
La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (PRI) reiteró que para que el rubro de pesca y acuacultura tenga un crecimiento óptimo, se necesita la corresponsabilidad de los estados.
“Nosotros estamos para responder a quien representamos, sabemos que la cobija se hace chica, pero los gobiernos locales tienen que hacer un esfuerzo para aplicar correctamente los recursos; aseguró que existen estados como Baja California cuyo presupuesto para este sector ha sido reducido en dos hasta un 200 por ciento”.
La panista Nelly del Carmen Márquez Zapata destacó que no sólo es buscar mayores recursos, sino darle valor agregado a los productos y que los pescadores no regalen lo que capturan.
A su vez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (PAN) añadió que se debe trabajar para obtener recursos y subsanar los cerca de 400 millones de pesos y que estos se apliquen dónde es necesario, poniendo énfasis en los pequeños productores.
El diputado Ibarra Otero reveló la presencia de la delincuencia organizada en regiones del país, donde ya hubo una acción contra la veda del camarón y se presentó un saqueo en el que, inclusive, obligaron por medio de amenazas a los pescadores a capturar esta especie sin contar con el tamaño adecuado, “lo cual fue todo un desastre”.
Apuntó que este grupo delictivo compraba el camarón al precio que ellos querían, pagaban cuando querían, si no los pescadores eran despojados de su producción.
Refirió que ante este panorama la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) ha planteado que la inspección y vigilancia debe realizarse con seriedad o esta tarea tendrá que entregarse a la Marina, porque este organismo no la puede sostener por falta de personal.
Al respecto, el diputado presidente de la Comisión de Pesca opinó que no se le puede dar a la Marina la tarea de inspección y vigilancia de las costas, ya que su vocación es combatir al narcotráfico en esas zonas.
“No podemos confundir, una cosa es inspeccionar la actividad pesquera y otra es cuidar el narcotráfico”, resaltó.
El sector requiere de una comisión fuerte y robusta que otorgue permisos de pesca y con ello evitar la ilegalidad; además, se dé respuesta pronta a sus necesidades y al dinamismo que reclama este rubro.
La diputada Márquez Zapata coincidió que es fundamental apoyar a CONAPESCA en el ramo de inspección y vigilancia, ya que en días recientes en Tamaulipas, asaltaron embarcaciones y quienes no fueron víctimas de este ilícito, fueron obligados a pagar una cuota de 100 mil pesos para dejarlos trabajar.
“Todo ello representa un problema muy grave, donde los inspectores han sido rebasados, por lo que se requiere la intervención de las fuerzas de seguridad”, alertó.
